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La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público recibió el reporte de sospecha de lavado de dinero de las empresas creadas en Paraguay Chai SA, Matrix Realty SA y Pegasus Inversiones SA recién el pasado 17 de abril.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ocultó durante cuatro meses la irregularidad pese a tener un informe de inteligencia el 27 de diciembre del año pasado y solo remitió a la Fiscalía una vez que Messer tenía pedido de extradición al Brasil y que publicaciones periodísticas de ABC Color desnudaran cómo lavó dinero en nuestro país.
Asimismo, la entidad que depende del propio presidente Horacio Cartes evitó expedirse durante tres años sobre reportes sospechosos del BNF y Continental Banco.
Finalmente, el caso explotó e inclusive el primo de Cartes e imputado Juan Pablo Jiménez Viveros pretendió retirar G. 2.000 millones de la cuenta de Chai SA de BNF, pero esta entidad se opuso por el publicitado caso y pese a que no había restricción para sacar los millones.
El Ministerio Público decidió imputar por lavado de dinero y asociación criminal a Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez, Adolfo Granada Cubilla e Ilan Grinspun.
El único que hasta ahora se presentó fue Granada Cubilla y luego de negar vinculación con las empresas de Messer, asegurar que a través de su firma solo asesoró en el rubro ganadero y colaborar con la investigación, el Ministerio Público cambió su pedido de prisión preventiva por arresto domiciliario, algo que concedió el juez Humberto Otazú.
Los millones
El fiscal René Fernández reveló que el dinero fue remesado a las empresas de Darío Messer desde el paraíso fiscal de Luxemburgo a dos bancos de Paraguay y una casa de valores.
El BNF (banco estatal) recibió nada menos que US$ 41.825.000 en la cuenta de la empresa Chai SA, durante cuatro años. El banco Continental, por su parte, recibió US$ 200.000 y la compra de valores por US$ 300.000.
El banco Basa (ex Amambay), que pertenece al Grupo Cartes, también fue beneficiado con la comercialización de bonos del Tesoro por US$ 184.000. Asimismo, Messer compró bonos del Tesoro del Banco Itaú por US$ 55.000.
También, en la casa de valores Casa Puente Bolsa SA se compraron acciones y bonos y unos US$ 5.000.000, en el año 2015.
Otra firma presuntamente utilizada por Messer para lavar dinero fue la casa de cambios Yrendague, donde hubo canje y arbitraje por US$ 220.000. A su vez, adquirió acciones en Estados Unidos y Canadá por US$ 2.000.000 mediante las operadoras Goldman Sachs, Metlife y JP Morgan, entre 2015 y 2016.
Asimismo, a través de Chai SA compró en el 2015 un avión usado por un valor de US$ 525.000, pagados en tres cuotas.
Cinco imputados
Hasta ahora, cinco personas están imputadas por lavado de dinero y asociación criminal. El juez Humberto Otazú ya procesó a Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Horacio Cartes), Adolfo Granada Cubilla e Ilan Grinspun. Todos tienen órdenes de detención y pedido de prisión preventiva por peligro de fuga y obstrucción.
Uno con arresto
Solo el empresario Adolfo Granada Cubilla se presentó ante la justicia. Tras declarar durante cinco horas en Delitos Económicos, los fiscales Liliana Alcaraz, Hernán Galeano y René Fernández revirtieron el pedido de prisión preventiva en su contra y solicitaron un arresto domiciliario que le fue concedido. El mismo niega vínculos con Messer y dice que solo asesoró a su empresa ganadera.
¿Dónde está?
Darío Messer se encuentra con orden de detención con fines de extradición desde el 4 de mayo pasado por disposición del juez Miguel Tadeo Fernández tras la polémica dilación de la jueza de turno Gricelda Caballero, quien esperó medio día y sorteó el caso, pese a que debió emitir la orden con “alerta roja” de Interpol. La magistrada está enjuiciada por el Jurado por este hecho.
Ministros le dieron la naturalización
Otra arista polémica del caso de lavado de dinero de Darío Messer, el “hermano del alma” del presidente de la República Horacio Cartes, tiene que ver con la naturalización concedida el año pasado, por los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Según la resolución de la Corte Suprema de Justicia fechada el 25 de abril de 2017, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, sus nueve miembros, dieron su visto bueno para declarar la naturalización como ciudadano paraguayo a Darío Messer.
Los firmantes fueron la exministra Alicia Pucheta, vicepresidenta de la República, y los ministros Miguel Óscar Bajac, Luis Benítez Riera, Sindulfo Blanco, Raúl Torres Kirmser, César Garay, Miryam Peña, Gladys Bareiro y Antonio Fretes.
Según el fallo, los trámites se iniciaron en el año 2013 y fueron abogados patrocinantes de Messer el procurador general Francisco Barriocanal y el titular de Contrataciones Públicas, Santiago Jure, de forma llamativa.
Tras los serios cuestionamientos, Alicia Pucheta dio a entender que la máxima instancia judicial “desconocía” los antecedentes delictuosos del imputado empresario brasileño al momento de firmar la nacionalización como paraguayo.
Pucheta había dicho que según todos los documentos que obraron en el proceso de naturalización de Messer, este estaba habilitado para obtener la ciudadanía paraguaya. Cuando fue consultada si no sabían de los antecedentes de Messer, preguntó a qué se aludía y, ante la insistencia, respondió que los documentos mostraban que el brasileño estaba habilitado.
Tras este escándalo para la justicia, la ministra Miryam Peña dijo que se puede “revisar el proceso” de naturalización de Messer, e inclusive, sacarle la ciudadanía paraguaya.
Bienes embargados serán administrados por Senabico
La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) administrará los bienes embargados en el caso de lavado de dinero y asociación criminal del prófugo Darío Messer.
Karina Gómez Narváez, ministra de la Secretaría, está trabajando con los fiscales de Delitos Económicos Alba Rocío Cantero (adjunta) y René Fernández en cuanto a la individualización de los bienes que posee el empresario brasileño y de los demás imputados Juan Pablo Jiménez Viveros, Alfredo Granada, Dan Wolf Messer e Ilan Grinspun, y que están embargados por el juez Humberto Otazú.
La alta funcionaria detalló que ante el embargo a los mencionados, entonces el Estado a través de la Senabico tendrá a su cargo la administración de los bienes de manera provisoria, “todo lo que el Ministerio Público nos entregue en administración”, expresó.
Según manifestó el fiscal René Fernández, este será el primer caso de intervención directa de la Senabico en un proceso fiscal y con ello se busca evitar que los sospechados de crímenes como el narcotráfico o el lavado de dinero puedan continuar disponiendo de sus bienes.
Entre las funciones de la Senabico figura la posibilidad de designar a un responsable que encamine las empresas hacia el plano de la legalidad de forma provisoria, mientras dure la investigación penal y se resuelva qué bienes serán objeto de comiso.
Las cuentas de Messer ya se encuentran bloqueadas por orden judicial, luego de que su administrador, Ilan Grinspun, y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del presidente Horacio Cartes, hayan intentado sacar G. 2.000 millones del Banco Nacional de Fomento.
En cuanto a las empresas Chai SA, Matrix, Pegasus y Gramonte, ligadas a Messer, la ministra Karina Gómez explicó que se puede tercerizar la administración hasta “dar el corte” para no dejar varados a los trabajadores y proveedores.
“Nosotros nos reunimos también con el juez Humberto Otazú para definir cómo vamos a trabajar en cuanto al levantamiento del embargo de la empresa Chai SA porque la Senabico una vez que reciba la administración, tiene que sacar los recursos que están vinculados a esa empresa. Después de todo el proceso penal, el Ministerio Público va a definir qué bienes están para decomisar”, especificó la titular de la Secretaría.
Hasta la vacunación por aftosa
La ministra secretaria también dijo que lo más probable es que la empresa continúe con la misma administración, que está prestando colaboración hasta el momento, por unos meses hasta la fecha de vacunación de aftosa y la provisión de víveres, pero aseguró que ya habrá rescisión de contrato con Darío Messer y un nuevo contrato con Senabico.
Luego del corte administrativo, Gómez explicó que se verán los números de la empresa y aparentemente Chai SA está “muy bien y es rentable” debido a que hay cuentas que cobrar y otras que pagar.
En cuanto a la administración de un establecimiento ganadero y la especialización que requiere este tipo de trabajos, la ministra aseguró que la Senabico tiene la potestad que le confiere la ley de tercerizar los servicios y contratar a los especialistas del área de manera directa, a fin de precautelar el mantenimiento del bien embargado y en proceso de comiso.
“Obviamente será procurando eficacia, transparencia y el mejor precio en todo, buscando ganancias”, concluyó Karina Gómez.
griselda@abc.com.py