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Según aseveraron los agentes fiscales, se constató que varias de las empresas allanadas estaban interconectadas entre sí a través de socios y representantes legales comunes.
Las firmas estaban constituidas en Ciudad del Este y servían para encubrir a los verdaderos propietarios de mercaderías ingresadas ilícitamente a nuestro país, según declaraba el Ministerio Público.
Casi dos años después de los primeros procedimientos y a cuatro de que se iniciara la investigación, la Fiscalía no ha presentado aún imputación alguna contra los investigados.
La primera en recibir los informes fue la fiscala Silvia Cabrera. A su nombre se remitieron informes de Seprelad, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y otras instituciones públicas nacionales, e incluso reportes de agencias de Estados Unidos. Esos documentos ya llegaron entre el 2013 y el 2015. En 2016, la causa pasó a Claudia Morys y José dos Santos.
Para dilatar el proceso judicial, los investigados recusaron a todos los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos poco después de los primeros allanamientos, y el caso quedó en manos de los fiscales José Morínigo y Daniela Benítez. A través de más recusaciones, llegó posteriormente a Fátima Villasboa y Silvia Cabrera. Esta última fue la fiscala original del caso y en sus manos la causa casi se extingue. Ella, igualmente, fue recusada, y ayer no supieron decirnos quién es en este momento responsable de seguir con el proceso.