Cargando...
Diez oficiales de cuentas del Banco Itaú fueron imputados por estafa y lavado. Los mismos son Gustavo Saifildin, Félix Antúnez, Sebastián Sierra, Víctor Alonso, Emilio Rojas, Rubén Maneglia, Lucía Rojas, Giovanna Abatte, José Feliciano Bogado y Martha Ayala.
Además fueron incluidas en el proceso las agentes de las cuentas particulares de las exempleadas acusadas por la megaestafa de US$ 3 millones, Annie Victoria Gibbons y Fabiola Bareiro.
Las funcionarias son Susana Johanna Ayala Jacquet, Mirta Romina Giménez Vera y Alba Marina Lovera de Dalla Fontana.
En el escrito de imputación, el fiscal refiere que un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos en el año 2014 reveló que los depósitos realizados en la cuenta de Fabiola Bareiro superaron en G. 13.817.318.928 el límite operativo que le había autorizado el Banco Itaú SA y, en el año 2015, los depósitos realizados en dicha cuenta sobrepasaron ese tope en G. 12.320.285.486.
Depósitos
En el mismo informe, también consta que los depósitos realizados en la cuenta de Annie Gibbons han superado en G. 11.663.473.691 el límite operativo que le había autorizado el Banco Itaú SA y, en el año 2015, los depósitos realizados en dicha cuenta lo han superado en G. 2.765.636.165.
Además, se explica que la mayoría de los cheques para pago a proveedores de Viradolce se abonaron sin respetar las leyes de circulación de los cheques (cadena regular de endosos), ni verificar si los endosos eran correctos, de establecer la legitimidad de los beneficiarios, o se pagaron simplemente sin endosos o endosos falsos que podrían ser verificables. También se autorizaron pagos sin existir fondos en la cuenta del librador, autorizando sobregiros en descubierto, sin cumplir las diligencias de debido cumplimiento de los manuales de prevención de lavado de dinero.
Verificar cuentas
Para el representante fiscal, los imputados debieron haber verificado las cuentas de Viradolce, que ya habían llegado al límite máximo autorizado por el sistema del banco en forma automática.
Por el contrario, autorizaron más sobregiros y no existe “explicación”, porque se trataba de operaciones de “alto riesgo”, según la imputación fiscal.