Esta prisión está proyectada en una zona de la Amazonía ecuatoriana, donde desde hace más de una semana se registran protestas de comunidades y organizaciones indígenas que rechazan la construcción de la cárcel y que ya amenazaron con radicalizar las movilizaciones si el Gobierno insiste con llevar adelante el proyecto sin una consulta previa.
Fue el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la institución del Estado que está a cargo del control y la administración de las prisiones ecuatorianas, Luis Zaldumbide, quien decidió adjudicar el contrato este 10 de diciembre a una empresa cuyo nombre no fue publicado debido a que el proceso de contratación de la obra fue declarado como reservado.
Sin embargo, en documentos de acceso público que constan en el mismo proceso se señala como idónea para asumir la obra a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del español Grupo Puentes, que controla la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.
El centro penitenciario, que se prevé construir en Archidona, un sector selvático donde habitan comunidades de la etnia kichwa en la provincia amazónica de Napo, es una de las dos cárceles emprendidas por Noboa para recluir a líderes criminales y presos de alta peligrosidad.
De hecho, Puentes y Calzadas Infraestructuras es la misma empresa a la que el SNAI adjudicó la construcción de la otra cárcel que ya se levanta en la provincia costera de Santa Elena, y que también ha generado rechazo por parte de los habitantes del sector, quienes han pedido a la Justicia que detenga la obra.
El proyecto de la Amazonía tiene un presupuesto de 52 millones de dólares y, al igual que en el caso de la de Santa Elena, se prevé que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40.000 pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). También se espera que esté listo en 300 días.
El pasado 20 de agosto, el director del SNAI resolvió calificar como "información reservada" de la institución a toda la información que contenga características y/o especificaciones técnicas del proyecto de construcción de la cárcel.
Una medida similar a la que tomó el 28 de marzo con los documentos relacionados al proceso de contratación pública de la construcción del centro penitenciario de Santa Elena.
Protestas podrían radicalizarse
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) amenazó el pasado lunes con radicalizar las protestas contra la construcción de este centro si el Gobierno insiste en iniciar la obra sin un proceso de consulta a las comunidades afectadas.
Así lo manifestó el líder de la Conaie y candidato presidencial por el movimiento indigenista Pachakutik, Leonidas Iza, en una declaración en la que volvió a rechazar la pretensión del Gobierno de concretar el contrato de la obra, que se llevó a cabo al día siguiente.
La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza en respuesta a la crisis carcelaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen en control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra el crimen organizado.
Uno de los últimos enfrentamientos se produjo el pasado 3 de diciembre, donde once personas resultaron heridas, entre ellos nueve reclusos, un militar y un guardia carcelario, debido a la detonación de tres granadas dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, en Guayaquil.