En el último pleno del Parlamento, el presidente de la comisión de Justicia, Isaac Mita, puso a debate un dictamen que acumula varios proyectos referidos al terrorismo urbano, que consideran la modificación del Código Penal.
En el debate, los legisladores Vivian Olivos de Fuerza Popular y Pasión Dávila de Perú Libre declararon también haber sido víctimas de extorsión, un delito que ha extendido a una serie de actividades como el transporte público y el comercio minorista en las ciudades.
Dado que el proyecto presentado por Mita busca integrar otras iniciativas legislativas, como la planteada por el Ejecutivo, el legislador pidió un cuarto intermedio para mejorar la propuesta y volver a ponerla a debate.
El proyecto de ley del Ejecutivo define al terrorismo urbano como la conducta consistente en "actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella" a través de los delitos de sicariato, conspiración, ofrecimiento para sicariato y extorsión.
En ese sentido, incorpora el artículo 315-C en el Código Penal, proponiendo que la pena privativa de la libertad aplicada a dicho ilícito sea no menor de 30 años.
Podrá ser cadena perpetua, cuando quienes lo cometen pertenezcan a las Fuerzas Armadas o Policía, "se use armamento, material de guerra o explosivos, se emplee este tipo de armamento de propiedad de las Fuerzas Armadas o de la Policía y a quienes utilicen a menores de edad o a personas inimputables para cometer los delitos".
La iniciativa también plantea modificar el artículo 200 del Código Penal para, que quien cometa extorsión, reciba una pena de cárcel de entre 15 y 20 años.
"El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero, una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años", precisa el documento.
En cuanto al sicariato, establece que "el que mata a otro por orden, encargo, o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro beneficio económico o de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 30 años e inhabilitación".
De la misma forma, será cadena perpetua si "se vale de un menor de edad o otro inimputable", dé orden a una organización criminal, se usen armas de guerra, cuando las víctimas sean dos o más personas, o en la ejecución intervienen dos o más personas.
El gobierno de Boluarte adelantó que iba a enviar al Legislativo dicho proyecto hace una semana, cuando el gremio de transportistas hizo un paro en Lima para protestar contra la ola de extorsión que denuncian estar atravesando.
Por su parte, el mayor gremio de empresarios afirmó que el crimen organizado ha conformado un "gobierno en paralelo" que está "ganando la batalla" al Estado y destruyendo el país.
El proyecto legislativo que se acumulará en la Comisión de Justicia volverá a ser debatido y votado en el Parlamento, cuyos portavoces rechazaron esta semana revisar una reciente ley contra el crimen organizado que, según juristas, mas bien debilita el combate contra la criminalidad en el país.