El acuerdo sobre la nueva Ley -que no entrará en vigor previsiblemente hasta el 2024- se alcanzó en Bruselas el pasado domingo tras una maratoniana ronda de negociaciones y establece la obligación que tienen las empresas (los buscadores, las redes sociales, etcétera) no solo de moderar sus contenidos, también de retirar los que se consideren ilegales y de propiciar que sus algoritmos sean más transparentes y accesibles.
La ley prohibirá recopilar datos sobre raza, ideología o creencias religiosas, los anuncios dirigidos a menores o los llamados "patrones oscuros", tácticas de diseño de la interfaz dirigidas para engañar al usuario y que acepte que se rastree su información.
Incorpora, además, un mecanismo que se puede activar en caso de crisis (como la pandemia a causa del coronavirus o la guerra en Ucrania) para frenar bulos o la desinformación que pueda amenazar la salud o la seguridad pública.
Pero algunos expertos consultados por EFE han alertado de que la norma permitirá de hecho a las redes sociales o a los gobiernos censurar contenidos si los consideran "dañinos", aunque esos contenidos no sean ilegales, y han advertido de que es un ataque a la línea de flotación de la libertad de expresión en Europa.
Frente a quienes denuncian que serán los gobiernos o las propias plataformas quienes decidirán qué es desinformación y qué es "dañino", se sitúan quienes defienden una internet abierta, pero segura y saludable, en las que el usuario tenga un mayor control de sus datos, y algunas de esas partes (las empresas Google y Twitter, la Asociación de Usuarios de Internet y alguno de los abogados especializados en derecho digital) han fijado para EFE sus posiciones.
Espacios digitales más saludables
Por una regulación "reflexiva y con visión de futuro" aboga Twitter, que ha subrayado la importancia de que esa regulación equilibre la necesidad de hacer frente a los desafíos "online" con la protección de una internet abierta, pero también ha observado que "un enfoque único podría no responder a la diversidad que caracteriza" al mundo de la red.
Fuentes de esta empresa han subrayado a EFE que la prioridad de esta compañía -comprada ahora por el multimillonario estadounidense Elon Musk- es “mantener a la gente segura en la plataforma y proteger la salud de la conversación pública” y ha valorado por ello que la Ley de Servicios Digitales que prepara la UE ponga el acento en promover espacios digitales más saludables.
La red social ha adelantado que continuarán revisando en detalle cómo avanza la nueva normativa y que quiere seguir colaborando con las instituciones de la UE, con los estados miembros, la sociedad y la industria para proteger la internet abierta y garantizar un entorno seguro.
También desde Google han acogido con satisfacción los objetivos que se han fijado en la Ley de Servicios Digitales para que internet sea "más segura, transparente y responsable", pero garantizando al mismo tiempo -dice esta compañía- que los usuarios, creadores y empresas europeas se puedan seguir beneficiando de la web abierta.
"A medida que la ley se vaya ultimando y aplicando, los detalles importarán", han señalado a EFE fuentes del buscador, que han mostrado también su disposición a trabajar con los legisladores "para conseguir los detalles técnicos restantes para garantizar que la ley funcione para todos".
Un acuerdo valiente
El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, ha defendido la necesidad de una mayor transparencia en las actividades que se desarrollan en la red y de que el usuario tenga más control sobre el uso de sus datos, y ha manifestado que el acuerdo de la UE es “valiente y complejo” y va a tener un gran impacto en el desarrollo de los servicios digitales los próximos años.
Pérez Subías ha valorado que se introduzcan criterios de transparencia y de control para que las autoridades y usuarios puedan evaluar si se produce alguna discriminación o manipulación a través de los algoritmos, o que se establezcan procedimientos claros de notificación y acción que faciliten la interacción del usuario con las grandes plataformas.
El presidente de la AUI ha expresado a EFE su convencimiento de que los mecanismos de control y supervisión actuales no son suficientes y han llevado "a la creación de grandes oligopolios de facto en los servicios online que operan con gran opacidad".
Para el profesor universitario y abogado especializado en derecho digital Borja Adsuara lo que ya se sabe de la nueva regulación "es peligroso" para la libertad de expresión, y ha apuntado que las plataformas en línea podrán eliminar contenidos que consideren "dañinos" y que incurren en desinformación, aunque esos contenidos no sean ilegales, lo que a su juicio es dar carta blanca a la censura.
Adsuara -que opta al cargo de Adjunto a la Presidencia en el nuevo organigrama de la Agencia Española de Protección de Datos, aunque el Supremo ha suspendido de forma cautelar los nombramientos pactados por el PSOE y el PP- ha alertado de que la ley que prepara la UE contempla la posibilidad de adoptar "medidas especiales" -él lo llama "censura"- en tiempos de crisis (como una amenaza para la salud o para la seguridad).
El abogado, quien ha observado a EFE que el acuerdo debe ser revisado todavía por técnicos, juristas y lingüistas antes de su aprobación en el Parlamento y en el Consejo, ha apostado por un organismo de defensa de la libertad de expresión en Europa que revise las decisiones que tomen las redes sociales de retirar contenidos o de bloquear cuentas por publicar contenidos "que pueden no ser ilegales".
El acuerdo sobre el primer borrador de la normativa europea de Servicios Digitales ha provocado un intenso debate en las redes sociales durante los últimos días, y las opiniones y mensajes a favor o en contra de la nueva regulación se han sucedido en internet.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Miguel Errasti, se ha sumado al debate sobre la nueva ley “que cuida los derechos online, pero que algunos expertos creen que promoverá la censura”, y ha escrito en redes que emitir opiniones sobre asuntos públicos “no tiene por qué necesariamente exponer al tuitero que por actividad profesional, en una sociedad tan polarizada, prefiera el anonimato”.