“Este tipo de situaciones manchan el nombre del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) de rebote”, expresó ayer el abogado Ezequiel Santagada. Fue ante la consulta sobre el secretismo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), a cargo de la exfiscala anticorrupción Liliana Alcaraz, en cuanto a los aportantes privados para la realización del quincuagésimo pleno del organismo internacional que pregona la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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El profesional, al igual que otros ciudadanos, presentó un pedido de acceso a información pública. Sin embargo, la Seprelad respondió de forma incompleta y se obstina en esconder los detalles, como montos y nombres de los financistas privados.
“Sector privado” fue la incompleta y burda respuesta que dio la entidad antilavado en Paraguay a través de un documento que raya la desfachatez.
Santagada señaló que acá la única responsable es Seprelad porque Gafilat confió en que uno de sus miembros organizaría la reunión conforme y establece la legislación vigente del país organizador que fue Paraguay. “No pueden estar haciendo una auditoría previa de cómo o cuáles son las gestiones que hacen las distintas autoridades en los países para organizar estos eventos. El problema es de Seprelad y bueno, Seprelad tendrá después que hacerse cargo de cualquier eventual tirón de orejas o comentarios que venga de Gafilat”, señaló.
El abogado insistió en que la posición de Seprelad es absolutamente innecesaria porque acá solo se está pidiendo información pública y más cuando se trata de una institución que tiene como finalidad prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Amparo para información
Santagada adelantó que en los próximos días recurrirá a la Justicia para acceder a la información pública que oculta Seprelad. “Teóricamente se podría presentar una reconsideración, pero creo que va a ser inútil por eso la ley prevé que se puede ir directamente a la Justicia y la acción prevista es el amparo de acceso a información que no es un amparo constitucional. Eso ya lo tiene bien establecido la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que es el procedimiento del amparo, pero es la acción judicial prevista en la ley de acceso a la información pública”, explicó.
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Señaló que Seprelad no contestó todos los puntos requeridos en su pedido de información pública.
Al respecto, el abogado respondió a la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz –quien sostiene que varias de las colaboraciones están dentro del ámbito privado–, afirmando que la entidad puede solicitar la colaboración del sector privado, pero para eso tiene que existir una serie de trámites administrativos y gestiones gubernamentales que son informaciones públicas y deben ser publicadas.
Del “éxito” a un bochornoso escándalo
La titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, busca instalar de manera desesperada que el último pleno de Gafilat –realizado en nuestro país– fue un “éxito” para tapar el escándalo sin precedentes a nivel internacional. Y es que la exfiscala anticorrupción arrastró a todo un organismo que debe prevenir el lavado de dinero y financiamiento a un bochorno.
Alcaraz se jactó del financiamiento de “abogados, casas de cambio, inmobiliarias, bancos”. TODOS sujetos obligados y bajo el control de Seprelad para el cumplimiento de las normas para prevenir el lavado.
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Alcaraz aseguró que no hay conflicto de intereses que los sujetos obligados hayan financiado el último evento de Gafilat. Sin embargo, las alarmas quedaron encendidas cuando a uno de los encuentros realizados en el marco de este evento internacional asistieron conocidos abogados defensores de personas denunciadas e investigadas por lavado de dinero. Es el caso de Ricardo Preda, quien patrocinó ante la misma Seprelad al sancionado por EE.UU. Horacio Cartes.
Preda también apareció como defensor del fallecido Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol involucrado en uno de los más grandes escándalos de corrupción de la FIFA.
Otro es Claudio Lovera, que tuvo clientes que resultaron condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, como el fallecido exsenador cartista Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, actual concejal colorado cartista de Luque.