“Los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales. Gafilat y la red global cubrimos más de 206 países y jurisdicciones con las más disímiles realidades internas, si es dentro de su sistema y de acuerdo al derecho internacional es suficiente” (sic), respondió el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin (argentino).
Fue ante la consulta de ABC acerca de si desde ese organismo internacional antilavado existe algún permiso o recomendación para sus países miembros sobre el financiamiento de reuniones, en nombre de Gafilat.
Ocultamiento corporativo
Del 9 al 13 de diciembre del año pasado, Paraguay fue sede del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat. La organización del evento estuvo a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), cuya actual titular es la exfiscala Liliana Alcaraz.
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La Seprelad, pese a conseguir en noviembre del año pasado una ampliación presupuestaria de más de G. 2.500 millones, recurrió a los sujetos obligados bajo su control para financiar el encuentro. El “sector privado” pagó desde el hospedaje, refrigerio, sistema de audio, iluminación, salones hasta los recorridos de los representantes de Gafilat.
Alcaraz, sin ruborizarse, afirmó que los financistas fueron “abogados, casas de cambio, inmobiliarias, bancos”. Sin embargo, al insistírsele con una lista detallada con nombres y otros datos se excusó diciendo que NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE REVELARLOS.
A todo este ocultamiento ahora se suma que Gafilat se “lava las manos”. Incluso, Fullin dijo que no le parecía correcto que se contacte recién con la organización internacional luego de las publicaciones.
“... lamentablemente después de todo lo que publicaron contactarse recién ahora no me parece correcto. Saludos. Y quedamos a disposición más adelante cuando se calme la cosa y haya algún tema de fondo para tratar...” (sic), respondió tras el primer contacto de nuestro diario.
La titular de Seprelad también usó de excusa las publicaciones de ABC para no transparentar el listado de financistas.
“Realmente están satanizando un evento que fue un éxito, donde Paraguay brilló. Con mucho gusto hubiese publicado (la lista de aportantes) si el título del diario (ABC) no decía ‘Bochornoso evento de Gafilat’. Entonces qué empresa privada va a querer que salga su aporte que antes de consultar ustedes ya publican con esa tapa” (sic).
La exfiscala anticorrupción aseguró que no hay CONFLICTO DE INTERÉS que los sujetos obligados hayan financiado el último evento de Gafilat. Sin embargo, el marco legal de Seprelad establece en forma taxativa que la entidad tiene como obligación controlar, verificar y hasta sancionar a sujetos obligados en caso de incumplimiento de las tareas antilavado o financiamiento de terrorismo en nuestro país.
Papelón sin precedentes
Liliana Alcaraz –que hasta el 31 de diciembre del año pasado ocupó la presidencia pro tempore de Gafilat– intentó por todos los medios calificar como exitosa la última reunión del organismo. Sin embargo, sus desesperadas promociones lo único que evidencia es que la actividad terminó siendo un papelón internacional sin precedentes y al que arrastró a toda la organización internacional que trabaja en la prevención del lavado.
Se cumple el plazo de pedido
El viernes 10 de enero próximo se cumple el plazo de uno de los pedidos de acceso a información pública presentado a la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, para que haga público el listado de todos los financistas del quincuagésimo pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Este evento internacional, que reunió a referentes antilavado, tuvo lugar en nuestro país del 9 al 13 de diciembre del año pasado.
La institución encargada de prevenir el lavado de dinero en Paraguay debe entregar la planilla con detalle de ingresos, especificando la fuente del financiamiento (persona física o jurídica, nacional o internacional), Registro Único del Contribuyente (RUC) o cédula de identidad del aportante; detalle del monto, bien o servicio exacto recibido; fechas de desembolsos; planilla con detalle de egresos, especificando concepto del gasto (servicios, insumos, logística, etc.), montos y fechas de los pagos, como también persona o empresa beneficiada.
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Igualmente, la Seprelad debe entregar toda la documentación relacionada al financiamiento y organización de esta reunión: copia de todas las notas de pedido de solicitud de auspicio o ayuda emitidas, etc.
Pisotean la recomendación del GAFI
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida que pudiera comprometer su independencia operativa”, dice la nota interpretativa de la recomendación Nº 29 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre la influencia o interferencia indebida en las UIF.
En nuestro país, la UIF es la Seprelad, según la Ley Nº 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y sus leyes modificatorias.
Esta misma UIF, o Seprelad, cuya titular es Liliana Alcaraz, organizó el último pleno de Gafilat en el país. El punto grave surge cuando Alcaraz declaró que el financiamiento para este evento provino de los sujetos obligados.
Más escandaloso es que en uno de los eventos de Gafilat aparecieron abogados de investigados y denunciados por lavado. Es el caso de Ricardo Preda, quien patrocinó ante la misma Seprelad al sancionado por EE.UU. y expresidente, Horacio Cartes.