El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) registró 48.661 firmas para la iniciativa popular que busca ampliar la cantidad de beneficiarios con la tarifa social de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presentada por varias organizaciones sociales.
El pasado 20 de diciembre de 2024, las campañas ANDE Pueblo Mba’e, Itaipú Causa Nacional, Itaipú es también soberanía/Partido Paraguay Pyahurã, Movimiento Campesino Paraguayo, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, CIPAE y Coordinadora de Adultos Mayores lograron llegar a la meta de 48.321 firmas necesarias para convertir en proyecto de ley la iniciativa popular para ampliar la tarifa social y conceptualizar la energía eléctrica como un derecho humano y fuente de empleo.
Este documento sobrepasó por 340 firmas la cantidad necesaria, totalizando 48.661 firmas registradas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. De esa forma, el proyecto de ley será remitido al Congreso Nacional para su tratamiento desde el 1 de marzo del 2025, cuando los parlamentarios de ambas Cámaras vuelvan de su receso, con un plazo máximo de estudio de 6 meses, según prevé la ley que regula las iniciativas populares.
¿Qué prevé el proyecto de ley?
La iniciativa popular prevé que la energía eléctrica sea un derecho humano en todo el Paraguay, correspondiéndole a la ANDE la obligación de conectar a todo usuario y a no cortarle el servicio si es que el usuario no tiene condiciones de pago.
Además, aceptar una tarifa gratuita hasta 300 kWh/mes para indígenas y personas sin recursos de la tercera edad. Se propone que para facilitar el pago de los usuarios de menores recursos se prevé descuentos automáticos, tanto para abastecimiento monofásico como trifásico en baja tensión y sin límite de llave limitadora, de hasta 90% (hasta 100 kWh/mes), 85% entre 101 y 200 kWh/mes, 75% entre 201 y 300 kWh/mes y 50% entre 301 y 500 kWh/mes, en todo horario.
También piden descuentos fuera del horario de punta de carga del 35% para consumos entre 501 y 750 kWh/mes, de 25% entre 751 y 1.000 kWh/mes y de 15% entre 1.001 y 1.500 kWh/mes, con lo cual se llega a más del 90% de las familias, desde el sector popular hasta la clase media.
Asimismo, se proyecta, tarifas reducidas para las Juntas de Saneamiento, hasta 5.000 kWh/mes, a fin de reducir las tarifas para el agua potable, que es también un derecho humano, y para las Mipymes hasta 3.000 kWh/mes, en la misma proporción de descuentos que para las familias, con el fin de generar más empleo.
Lo que costará al Estado este proyecto
El costo de este proyecto de ley sería de unos 200 millones de dólares/año, lo que es menos del 20% de lo que el Estado percibe de las binacionales, que según el Gobierno ronda los 1.250 millones de dólares anuales, por lo que recursos financieros para implementar la ampliación de la tarifa social existen y, muchas veces, se malgastan discrecionalmente. Solo en Itaipú se dispondría de 600 millones de dólares/año de uso discrecional y sin control.
Con este proyecto de ley se pretende que los fondos tengan un uso verificable y altamente beneficioso para el 90% de la población, mejorando la calidad de vida y el empleo, dos variables socioeconómicas fundamentales.
Además, el proyecto de ley prevé que el 50% de la renta eléctrica (625 millones de dólares anuales) deberían transferirse a la ANDE, no sólo para ampliar la tarifa social, sino también para mejorar y expandir el sistema eléctrico nacional a bajo costo, con lo que se aseguraría un servicio eléctrico de calidad y bajo costo para toda la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo.
Este proyecto de ley –que se puede leer in extenso en la página web del TSJE, en la pestaña de iniciativa popular– será girado por la Justicia Electoral al Congreso Nacional para su tratamiento a partir de marzo del 2025, cuando se reinicie el período ordinario de sesiones.