El exintendente de Nueva Colombia Nelzo López (ANR) y otras 14 personas, entre ellas el actual intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR), están acusados por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio y enriquecimiento ilícito en la función pública y tráfico de influencias.
Esta mañana el fiscal Jorge Arce presentó los alegatos finales durante el juicio oral que se lleva adelante y solicitó ocho años de cárcel para el exjefe comunal de Nueva Colombia y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, debido a su rol como autor en los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por un desfalco de G. 2.700 millones durante el ejercicio fiscal 2013, 2014 y 2015.
Por otro lado, para el actual intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR-HC), el agente del Ministerio Público solicitó una pena de 3 años y 8 meses de prisión, en carácter de cómplice en los delitos de lesión de confianza y asociación criminal.
Los demás acusados
Por otro lado, para el ex secretario general Lorenzo Cabrera se solicitó una condena de cinco años de prisión, también con inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Asimismo el fiscal Arce solicitó para María Yudith Dávalos, Gustavo Adolfo Benítez, Lucio Gamarra Osorio, José María Ferreira y Raúl Gamarra Rojas, una pena de cuatro años y seis meses de prisión, por la participación en calidad de cómplices en los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Además Víctor Paniagua fue acusado como cómplice en los mismos hechos investigados y se solicitó una pena privativa de libertad de 3 años de cárcel.
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Para Arnaldo Acosta (exdirector de Catastro) y Mirtha Elizabeth Invernizzi, quienes supuestamente tuvieron una menor implicación en la red de corrupción, el fiscal pide dos años de prisión, también como cómplices de los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Finalmente, para Hugo Ariel Barchello Riveros, Gustavo Lorenzo Ayala y América Magalli Fernández Galeano, el fiscal también consideró una pena de dos años de prisión, basándose en su rol secundario como cómplices en los hechos investigados.
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El fiscal manifestó que varios acusados firmaron acuerdos reparatorios o colaboraron durante el proceso judicial, lo que fue considerado como circunstancias atenuantes.
Red de corrupción para desfalcar municipalidad
De acuerdo a las investigaciones sobre la cuenta municipal habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para resguardar los fondos provenientes de los royalties y compensaciones, del ejercicio fiscal 2013, se cobraron 73 cheques por G 1.123.695.000, sin contar con documentos de respaldos que justifiquen dichas erogaciones.
En tanto que también en los años 2014 y 2015, con cargo a las cuentas corrientes habilitadas a nombre de la Municipalidad de Nueva Colombia se continuaron cobrando cheques con dinero del Fonacide y royalties pero los montos no se utilizaron para obras que beneficien a la ciudad.
Pero no solo el dinero que recibido del gobierno Central se dilapidaba en la Municipalidad de Nueva Colombia, sino que también el fiscal encontró desprolijidades con el dinero de los contribuyentes. Hubo retiro directo de dinero con 14 cheques, por un total de G. 115.300.000. Además hubo también varios negociados con respecto al pago de obras, muchas de ellas de pésima calidad y otras fantasmas.
Lo que dice la acusación del fiscal Arce
Nelzo (sin n) López, en su carácter de intendente y Lorenzo Cabrera, como secretario general de la Municipalidad de Nueva Colombia, autorizaron los pagos y firmaron cheques fines ajenos a los objetivos destinados, causando un perjuicio al patrimonio de la Municipalidad.
Por otro lado, Arnaldo Acosta, en su calidad de director de Catastro, contribuyó con este millonario perjuicio patrimonial, mediante el cobro de cheques, sin que se encuentre habilitado como proveedor del Estado, ni hayan sido favorecidos como adjudicatarios de contrataciones por parte de la municipalidad.
Mientras que el fiscal Arce indica que María Yudit Dávalos Ayala, Gustavo Adolfo Benítez Santacruz, Lucio Gamarra Osorio, José María Ferreira González y Raúl Gamarra Rojas también contribuyeron a la producción del perjuicio patrimonial mediante el cobro de cheques, sin haber cumplido con las contraprestaciones establecidas en los contratos adjudicados.
Víctor Manuel Paniagua y Mirtha Invernizzi fungieron de fiscalizadores de obras, para autorizar los pagos por mayores cantidades de obra, o por obras sin sustento técnico correspondiente.
El fiscal Arce alega que María Estela Pinto Marecos, Hugo Barchello, Gustavo Ayala, el actual intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón, y América Fernández, cobraron cheques que eran destinados al pago de los contratos por las obras municipales. Sin embargo, el dinero no se usó para dichas obras y además ninguno figura como representantes de las empresas contratadas para la provisión de los servicios a la municipalidad.