Hurrera cartista en Diputados acumula impunemente ofensas a víctimas de la dictadura

La hurrera cartista y funcionaria de la Cámara de Diputados, Vanessa Vázquez González, que había sido denunciada penalmente por apología a la dictadura de Alfredo Stroessner, reivindicando el nefasto “Plan Cóndor”, pisoteó una alegoría de protestas de las víctimas del régimen stronista y defendió el cambio de nombre de la “Plaza de los desaparecidos”. La ley de la Función Pública exige el comportamiento con decoro por parte de los funcionarios públicos.

La funcionaria pública Vane Vázquez, pisoteando una obra artística que repudiaba el régimen de Alfredo Stroessner.
audima

La hurrera digital Vanessa Vázquez González (”Vane Vazquez” en X) es funcionaria de la Cámara de Diputados asignada a la bancada de Honor Colorado, y cobra mensualmente G. 4.900.000, aunque gran parte de su horario laboral lo dedica a postear en redes sociales a favor del gobierno de Santiago Peña y en defensa del cartismo, así como acumula impunemente varias groseras reivindicaciones a favor de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernó con mano dura el Paraguay con apoyo del Partido Colorado desde 1954 hasta su derrocamiento el 3 de febrero de 1989.

En junio de 2022, el director de Reparación y Memoria Histórica, Rogelio Goiburú (hijo de un desaparecido por el régimen), y el abogado Rodolfo Vera, presentaron una denuncia penal por apología del delito ante la Fiscalía contra Vane Vázquez, luego de reivindicar la operación internacional de secuestro y desaparición de personas conocida como Plan Cóndor escribiendo en sus redes: “La izquierda criminal se volvió a reinventar, en los 70 el Plan Cóndor ayudó a parar sus avances”.

Dicha reivindicación es criminal, puesto que solo en nuestro país el régimen de Stroessner provocó la desaparición de unas 500 personas (cifra aproximada debido al subregistro por la represión de la dictadura) y miles de fallecidos y víctimas de tortura, llegando a extremos atroces como ser los llamados “vuelos de la muerte”, donde arrojaban personas vivas desde el régimen por el solo hecho de considerarlas “subversivas”.

Sin ningún atisbo de arrepentimiento, días atrás Vane Vázquez fue a hostigar a un grupo de ciudadanos que fue hasta la “Plaza de los Desaparecidos” (ubicada al costado del Palacio de López) y pisoteó una serie de dibujos denominados “Tentáculos del Poder”, en repudio al dictador Alfredo Stroessner y su entorno.

Finalmente, este fin de semana, intentó justificar la cuestionada decisión de la Oficina de la Primera Dama (encabezada por Leticia Ocampos de Peña) de instalar la “Plaza de la Navidad” en la Plaza de los Desaparecidos, algo que fue asumido como una falta de respeto a la memoria de miles de desaparecidos y al sentimiento de sus familiares, que año tras año pasan estas y otras fiestas significativas sin siquiera saber el paradero final de sus parientes.

“Detrás del equipo que ‘escandaliza’ por la ‘Plaza de Navidad’ están los comunistas aliados del EPP que reclaman la ‘desaparición’ de Lichita, hija de miembros del grupo terrorista. Atención con esta bomba de humo”, acusó.

Lichita es una menor de edad, hija de la miembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y presa Carmen Villalba, desaparecida tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden del 2020, lo cual contradice a su discurso de supuestos “provida y profamilia”, ya que de ninguna manera se le puede achacar a una menor de edad las acciones de sus padres.

Eso sin mencionar que el asesinato y desaparición forzada de personas en la dictadura, claramente viola derechos humanos fundamentales, empezando por el de la vida.

Ley de la Función Pública exige decoro

Vázquez, apañada por el cartismo y la inacción de la Fiscalía, sigue actuando impunemente, pese a que la Ley de la Función Pública en su artículo 57, inciso P, establece que “son obligaciones del funcionario público, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o entidades del Estado, las siguientes: p) abstenerse de realizar actividades contrarias al orden público y al sistema democrático, consagrado por la Constitución Nacional”.

En tal sentido, la Constitución Nacional establece que “la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana” y que “el genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles”.

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