“Como parte del proceso de cierre administrativo, el personal de la DEA que asesoran a la SIU coordinarán con el personal de la SIU, representantes de la INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos) y con el custodio local de patrimonio de la DEA, para inventariar y recuperar todo el equipo que pertenece a la DEA y/o que haya sido comprado por la DEA, así como el equipo donado por la INL con la cláusula de uso restringido referenciada” (sic), respondió la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas inglés) a la bochornosa nota enviada a esa institución el 6 de diciembre último por el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.
Este último, a través de un documento oficial, informó al país norteamericano la culminación de la participación de la institución antidrogas en el Programa de Unidad de Inteligencia Sensible (SIU).
El titular antidrogas paraguayo en su nota de tres páginas hace un relato de convenios y adendas firmadas entre 2008 y 2017 por nuestro país con la DEA. Sin embargo, todas estaban desfasados y fuera de vigencia, dejando a Paraguay expuesto a un papelón internacional sin precedentes en el ámbito diplomático.
Rachid argumentó que la decisión de finalizar la participación era porque los sendos convenios y adendas carecían de disposiciones específicas que establezcan un plazo de vigencia o culminación del Programa SIU. Además, hablaba de una supuesta necesidad de optimizar la redistribución del personal operativo y fortalecer otras áreas operativas.
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Lo vergonzoso es que Rachid envió la documentación pasando por alto un Memorándum de Entendimiento (MDE) que se firmó el 11 de marzo de 2022 y en el cual se estableció cada uno de esos puntos, como la vigencia de cinco años del acuerdo (hasta 2027) y la operativa entre la DEA y los participantes paraguayos, Senad, Policía Nacional y el Ministerio Público. Esta última institución se unió desde 2022.
La DEA en su respuesta recordó al ministro-secretario de la Senad todos estos aspectos. Y lo más importante, la oficina norteamericana de lucha contra las drogas se tomó como notificada, por lo que comenzó a poner en vigencia la SECCIÓN 8 del MDE en la cual se menciona un preaviso de 90 días, es decir, van a permanecer solo hasta el 6 de marzo de 2025.
La retirada
En la nota de respuesta, la DEA informó sobre el proceso de su retirada con la elaboración y ejecución de un plan que contemple todos los asuntos administrativos. En otras palabras, la Senad debe rendir cuentas sobre todo el trabajo en el marco del programa SIU, desde fondos recibidos hasta equipamientos tecnológicos para el combate al crimen organizado y narcotráfico.
La retirada -como bien explica la DEA y está dentro del MDE firmado en 2022- implica que todos los equipos proveídos o comprados por la DEA, como por la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL), con uso restringido, deben ser devueltos a la DEA. Uno de esos equipamientos sería el de la interceptación de comunicaciones, conocida como escuchas.
Reculada y en ridículo
Una vez conocida la nota de respuesta de la DEA, el titular de la Senad, Jalil Rachid, preparó otra nota en la cual reculaba sobre el pedido que hizo el 6 de diciembre pasado. Expuesto y ridiculizado, Rachid solo atinó a decir que el MDE firmado en 2022 “no estaba en los archivos de la Senad”, por lo que pedía dejar sin efecto el otro documento.
Lo cierto es que a esta última nota no existe aún una respuesta oficial de la DEA, incluso tampoco se sabe si efectivamente fue recepcionada por EE.UU.
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En tanto que la Senad se prepara para ser prácticamente desmantelada y con “arco libre” para el crimen organizado y narcotráfico.
Bajo las leyes paraguayas
En la SECCIÓN 2: ALCANCE del MDE se estableció de forma clara que toda operatividad es bajo las leyes paraguayas. En el punto B, por ejemplo, dice que una vez establecida bajo el programa SIU se actuará bajo la supremacía y autoridad del país anfitrión. El punto C, por su lado, señala que los participantes esperan que todas las actividades de los miembros de la SIU en Paraguay deben ser gobernadas y basadas en las leyes paraguayas. En el ítem F, en tanto, habla sobre el uso de los equipos para el propósito suscripto.
Hablan de espionaje y negocios
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola señaló el sábado último a través de ABC Cardinal que la comunicación del fin de la cooperación de la Senad con la DEA tendría dos aristas muy graves. Una sería el control de todas las escuchas en todos los ámbitos, poniendo en marcha un espionaje político, y la otra tendría que ver sobre negocios en torno a la compra de nuevos equipamientos para la Senad, según averiguó.
Indicó que actualmente con el acuerdo de la DEA el uso de los equipamientos tecnológicos se tiene que someter a las normas establecidas en las leyes paraguayas. Se debe tener una orden judicial dentro de un proceso de investigación. No se pueden violar los protocolos de actuación, como ya se intentó, declaró.
Sobre el negociado detrás, dijo que la versión difundida es que con la salida de la DEA se crea una necesidad, especialmente de equipamientos. Esto significaría que se tienen que volver a comprar, generando licitaciones, que ya tendrían incluso empresas interesadas. En teoría se menciona un negocio de US$ 6 millones, donde ya se tendrían nombres y apellidos de los ganadores, expresó. Añadió que la situación es bastante delicada.