El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de “Protección de Datos Personales”, y solo tras fuertes reclamos de parte de opositores, se logró postergar para la vuelta del receso parlamentario el estudio en particular de sus más de 50 artículos.
El proyecto original fue casi totalmente desmembrado y vuelto a armar por la Comisión de Equidad Social e Igualdad entre el hombre y la mujer, presidida por la líder de bancada cartista, Rocío Abed, y presentado solo minutos antes a los legisladores, y entre la media centena de artículos se introdujo “de contrabando” un peligroso artículo que atentaría contra la transparencia de datos públicos.
Puntualmente se pretende agregar al proyecto de ley un capítulo que plantea reglamentar el “acceso a la Información Pública y Protección de Datos”, los cual es sumamente peligroso, ya que plantea que para acceder a datos obrantes en fuentes públicas, se requerirá un “permiso” supuestamente para no afectar el derecho privado incluso de funcionarios públicos.
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| <b>Del tratamiento de datos en el sector público.</b> <b>Art. 24. Del Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.</b> |
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El derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado, cuando tal medida resultase necesaria para evitar un perjuicio concreto a la protección de uno de los intereses privados inherentes a la protección de los datos personales, de conformidad con lo establecido en la presente ley y de acuerdo con el trámite previsto en el presente artículo. |
“El derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado, cuando tal medida resultase necesaria para evitar un perjuicio concreto a la protección de uno de los intereses privados inherentes a la protección de los datos personales”, señala el artículo 24 propuesto por la Comisión de Equidad Social. Este artículo no figuraba en la propuesta trabajada a profundidad en la Comisión de Ciencias y Tecnología, que desde el año pasado viene realizando audiencia con diversos sectores afectados.
Los principales beneficiados con este plan “mordaza” son serán los propios legisladores y sus “nepobabies”, ya que las bases de datos públicas fueron fundamentales para destapar el escándalo de esposas, hijos, hermanos y otros familiares que fueron ubicados en cargos públicos por políticos, sin mayores méritos y con jugosos salarios.
La intención promovida por Abed agrega que “si el organismo o entidad del Estado al que se dirige la solicitud de acceso a la información advierte que la misma podría interferir con el derecho a la protección de datos personales, deberá notificar al titular de los datos concernidos, en un plazo no mayor a los cinco (5) días de recibida la solicitud” y que el “afectado” puede plantear su oposición que se provea la información.
Esto es sumamente grave, ya que en el “mejor” de los casos, con los plazos que se sugieren se podrá dilatar la provisión de información por varias semanas y advertir al funcionario que se solicitó datos sobre el mismo, pero lo más grave es que se abre la posibilidad de denegar datos públicos, como podrían ser la formación académica, registro de asistencias, declaración jurada de bienes, etc., a criterio del afectado, que evidentemente procurará que nada se difunda.
En último caso, el ciudadano que requiera información pública deberá accionar judicialmente, lo cual ya es limitante, al implicar un costo al necesitar el patrocinio de un abogado.
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Ocultaron estas reformas
Nuestro diario hace varios meses ya fue alertado de la intención de introducir una limitación en este sentido, por lo que se solicitó el dictamen a la Comisión de Ciencias y Tecnología de Diputados, pero ratificaron que dicha redacción no obraba en sus archivos. El motivo se conoció el martes, ya que los cartistas introdujeron finalmente a través de la comisión presidida por Abed, ese mismo día, sin que ni siquiera los legisladores tengan acceso previamente.
Es por ello que la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) fue tajante en su reclamo ante el pleno, diciendo que fueron introducidos 58 artículos nuevos apenas 3 minutos antes de su tratamiento.
“Es imposible tratar de está manera, por lo menos con responsabilidad. Y el dictamen de la comisión de Equidad y Género tiene fecha de hoy, es decir hoy habrá entrado el proyecto y hoy se pone a disposición nuestra”, acusó la legisladora.
Finalmente, Abed se allanó al pedido de postergar el estudio en particular, pero una vez que se trate el proyecto, posiblemente será utilizado como base el dictamen de Equidad Social.