La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con representantes internacionales de GAFILAT, encendieron las alarmas sobre el financiamiento del evento.
Paraguay fue sede del quincuagésimo pleno de este organismo antilavado y todo apunta a que Liliana Alcaraz –exfiscala y actual presidenta pro tempore de Gafilat– orquestó encuentros entre defensores legales de investigados e investigadores. Alcaraz reconoció a nuestro diario que TODA la organización de la reunión internacional realizada la semana pasada corrió por cuenta del sector privado. Se desconoce a los financistas no gubernamentales, si son sujetos de control del organismo de prevención de lavado de dinero, si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados. El Presidente de la República y la titular de la SEPRELAD están obligados a transparentar inmediatamente la financiación del evento.
Del 9 al 13 de diciembre último, Paraguay fue sede del quincuagésimo pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuya presidenta pro tempore (hasta el 31 de diciembre próximo) es la exfiscala y actual titular de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz. Estuvieron más de 100 representantes internacionales, en su mayoría de Unidades de Inteligencia Financiera (UFI) de 18 países integrantes del organismo internacional, que busca prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Alcaraz, al ser consultada por el financiamiento de este evento, solo atinó a responder que todo el evento fue financiado por el sector privado. Sobre llamados o licitaciones para las actividades, Alcaraz dijo: “No van a encontrar porque no se hizo ningún llamado producto de mi gestión al frente de Seprelad y como presidente del organismo internacional Gafilat. Evento que fue un éxito” (sic).
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Al momento, se desconoce quiénes son los financistas, si son sujetos obligados de control antilavado, si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados. La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz y bajo responsabilidad directa del presidente Santiago Peña, está obligada, inmediatamente, a dar a conocer quiénes del sector privado y en qué porcentaje financiaron la actividad de Gafilat.
Defensores de condenados
El de por sí escandaloso y grave hecho de no conocerse a los financistas se oscurece aún más con la aparición de profesionales del derecho que han defendido a investigados por presunto lavado de dinero y hasta supuesto financiamiento de terrorismo. Este es el caso del abogado Ricardo Preda, abogado del expresidente Horacio Manuel Cartes Jara, sancionado y declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos, por sus supuestos vínculos con el terrorismo y el lavado de activos.
Preda acudió al evento de Gafilat que se denominó “cena de bienvenida” y que tuvo lugar el jueves último en un hotel restaurante de Areguá.
El abogado fungió en varias ocasiones de representante de Cartes. El 31 de enero de 2022 presentó una furibunda nota ante Seprelad por la investigación que esa institución realizó sobre Cartes y una de sus principales empresas, Tabacalera del Este SA (Tabesa), también sancionada por el país norteamericano (ver facsímil en esta página).
Preda, en su escrito, en representación del actual presidente del Partido Colorado, afirmó que “la Seprelad, como toda Unidad de Inteligencia Financiera, a más de sus funciones secundarias, como ser la supervisión, reglamentación y sanciones administrativas a los sujetos obligados, entre otras cuestiones, tiene como función básica y primordial servir como de nacional, primero, para la recopilación de información, segundo, para analizar información y, por último, encargarse de la difusión relativa al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.
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El abogado presentó el documento para desvirtuar la denuncia que presentó el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes. Por ello, Preda insistió en una simple función administrativa de Seprelad, incluso transcribió parte de la Nota Interpretativa de la Recomendación 29 del Gafi que dice: “F. Influencia o Interferencia Indebida. 12. La UFI debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida que pudiera comprometer su independencia operativa”.
Lo curioso es que esta recomendación que el mismo Preda usaba en favor de Cartes ahora queda en duda sobre el cumplimiento por parte de Liliana Alcaraz, atendiendo que no hay registros ni detalles del financiamiento privado de la última reunión del Gafilat, que gran parte se desarrolló en la sede de la Conmebol, con programa de ocio en restaurantes, además del hospedaje y otras actividades.
Ni un solo llamado
La Seprelad no hizo un SOLO llamado a licitación para cubrir aunque sea una parte de la reunión internacional. No hay trazabilidad visible sobre los fondos que financiaron el evento internacional donde Seprelad arrastró a Gafilat a este bochorno, algo demasiado llamativo para instituciones obligadas a dar cuenta de sus fondos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Otro abogado que estuvo presente en una de las actividades organizadas por Seprelad es Claudio Lovera, exfiscal y abogado en uno de los casos de la Conmebol. Lovera tiene en su historial otros clientes que resultaron condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, como el fallecido exsenador cartista Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, actual concejal colorado cartista de Luque.
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El caso de González Daher y su hijo, incluso, aparece en un informe de Gafilat sobre las tipologías regionales de lavado de activos y financiamiento de terrorismo entre 2021 y 2022 como un ejemplo contundente de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal y la corrupción. Lovera también apareció como representante del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, imputado por lesión de confianza y asociación criminal.
Paraguay aun bajo evaluación
“Mejorar en la identificación y evaluación de los riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) incorporando la manera y los medios por los cuales las distintas amenazas presentes generan activos ilícitos y están vulnerando sectores y actividades más riesgosos en el contexto actual del país; reforzar el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en las supervisiones hacia los sectores de cooperativas, seguros y valores, así como mejorar sus capacidades de recursos humanos para las supervisiones especializadas en materia de ALA/CFT, y la Seprelad debe implementar los procesos sancionatorios consistentes con la supervisión con EBR para todos los Sujetos Obligados (SO)”, son algunas de las acciones CLAVES recomendadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su última evaluación mutua.
El cumplimiento de estas recomendaciones serán verificadas en el próximo pleno, a realizarse en julio de 2025, atendiendo que Paraguay sigue bajo evaluación.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Gafilat es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force).
La Seprelad es la entidad gubernamental encargada de regular las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En 2009 se constituye como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la República del Paraguay.