Manto de dudas en torno a financiamiento de la reunión antilavado en nuestro país

Un manto de dudas existe con respecto a la organización y financiamiento del 50º pleno de representantes de Gafilat en el país. En el portal de la DNCP no hay rastros de algún llamado a licitación sobre este evento del organismo internacional antilavado, cuya presidenta pro tempore es la conocida exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz. Fuentes a las que accedió ABC hablan de una “vaquita” entre las entidades que deben ser controladas por la institución que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país.

Sesión especial de ayer de Gafilat que se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol.Juan JaraArchivo, ABC Color
audima

El 9 de diciembre último se dio apertura al quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuya presidenta pro tempore es la exfiscala y actual ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz.

Llamativo es que en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) no hay rastros sobre su organización y financiamiento, pese a que la institución consiguió a principios del mes pasado una ampliación presupuestaria de más de G. 2.554 millones.

Dentro del aumento presupuestario se consignaron G. 900 millones para servicio ceremonial y G. 100 millones para catering. Sin embargo, en la página de compras públicas no se encuentran llamados a licitación o adjudicación, atendiendo que dichos servicios tendrían su justificación para este evento internacional que culmina hoy, con la presencia de representantes antilavado de 18 países.

Entre algunos de los participantes están: Sergio Espinoza, de Perú; Ricardo Liao, de Brasil; Ignacio Martín Yacobucci, de Argentina; Carlos Pavez Tolosa, de Chile; Román Chavarría, de Costa Rica, y Juan Carlos Monroy Véliz, de Guatemala. También Lizeth Pamela Troche, de Bolivia, y Esteban Fullin, secretario de Gafilat.

¿Quién financia entonces?

Atendiendo que no existen rastros sobre el financiamiento de este evento, fuentes de la Seprelad a las que accedió ABC mencionan que todo el evento se habría financiado con apoyo de organizaciones y empresas que están bajo el control de la institución que debe prevenir el lavado de dinero en el país. Esta situación resulta bastante llamativa considerando que el evento es oficial y Paraguay ocupa la presidencia pro tempore hasta el 31 de diciembre próximo.

ABC intentó obtener anoche la versión de la titular de Seprelad, pero no contestó nuestros mensajes.

Llamados adjudicados de Seprelad donde no aparecen contratos por servicio ceremonial o catering.

Bajo cumplimiento en investigaciones y condenas por lavado

En su último informe sobre Paraguay, Gafilat sostuvo que el nivel de cumplimiento en investigación y procesos por lavado dinero es bajo. El país registra un nivel ínfimo de condenas en relación con el riesgo y las amenazas existentes, detalló el organismo que encontró mayormente un cumplimiento moderado en nueve parámetros examinados y solo un cumplimiento efectivo.

Refieren que de 748 reportes de inteligencia remitidos por la Seprelad al Ministerio Público entre los años 2015 y 2021, se dictaron solo 28 sentencias de lavado de dinero, un nivel considerado muy bajo, por lo que hicieron un énfasis especial en aumentar la efectividad en las investigaciones y procesos por lavado de activos (LA).

¿Quién es Liliana Alcaraz?

Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde fue fiscal anticorrupción hasta agosto del año pasado cuando fue designada por Santiago Peña como titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

La exagente se retiró del Ministerio Público con denuncias nunca resueltas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), como por ejemplo la impulsada por la Cámara de Senadores contra una serie de fiscales que “congelaron” grandes casos relacionados al expresidente Horacio Cartes.

El primero de ellos es el conocido como Caso Messer, donde el Congreso remitió a la Fiscalía el 17 de mayo de 2019 el informe final de Comisión Bicameral de Investigación (CBI), en el que se señalaron presuntos hechos punibles relacionados al “doleiro” Darío Messer, Cartes y el propio presidente de la República Santiago Peña.

Liliana Alcaráz Recalde, ex fiscal anticorrupción y actual titular de la Seprelad.

Colocación de bonos

En lo que refiere a Santiago Peña, el informe de la CBI sostiene que “Santiago Peña, siendo ministro de Hacienda (en el gobierno de Cartes), colocó bonos del Estado por medio de Casa de Bolsa Puente, sabiendo que su padre, el señor José María Peña, era parte activa de la empresa privada, por lo que configuraría una lesión directa a lo que establece en su inciso a de la Ley 2051 (de Contrataciones Públicas)”.

Alcaraz y otros de sus colegas también fueron denunciados por tener nulos avances en otros casos relacionados a Cartes, puntualmente la denuncia del exministro Arnaldo Giuzzio relacionada al grupo empresarial del exmandatario y el caso avión venezolano-iraní.

De forma bastante llamativa, ambos casos tienen similitudes con los elementos que sustentan la designación como “significativamente corrupto” de Cartes por parte de Estados Unidos, y las posteriores sanciones económicas que lo obligaron a “apartarse” de las empresas que anteriormente conformaban el Grupo Cartes.

Hijo de Messer

Otro antecedente bastante cuestionado de Liliana Alcaraz es que en su momento había avalado el pedido del hijo del doleiro Darío Messer, Dan Wolf Messer, de enfrentar en Brasil el proceso en su contra por lavado de dinero y asociación criminal por hechos cometidos en Paraguay, pero en su momento se opuso el juez penal de Garantías Humberto Otazú.

Lo
más leído
del día