La “comisión garrote” que fue creada especialmente para perseguir al grupo Zuccolillo y a las organizaciones sin fines de lucro, hará una pausa tras las vacaciones de dos meses de los diputados y senadores, y retomará sus actividades a partir del 1° de marzo.
La cuestionada comisión que dedicó sus reuniones a perseguir a sus adversarios. Ahora buscará tomarse un descanso, pese a que a tambor batiente aprobaron y ya fuera de plazo, en el caso de Diputados, extender la vigencia de la comisión por 60 días más.
El senador Dionisio Amarilla (Ex-liberal) dijo que analizarán con sus demás colegas, integrantes de la comisión si es que dan a conocer un informe preliminar, porque hay legisladores que se encuentran de viaje.
El senador Amarilla dijo que tienen pendiente investigar a la Opaci, recordando que fue un pedido de los diputados. Amarilla había citado una serie de argumentos en el proyecto de resolución para “sostener” la extensión de la vigencia de la comisión.
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El órgano está presidido por el senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla; por el vocero de la comisión, el senador Gustavo Leite (ANR, HC) y el senador Colym Soroka (ANR, Independiente). Mientras que por Diputados integran la comisión: Jatar “Oso” Fernández (ANR, aliado cartista), Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, HC) y el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, HC).
Lo que la “comisión garrote” quiere investigar en 2025
Mencionaron que quieren analizar las notas presentadas ante la Comisión por el Banco Central de Paraguay (BCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a través de la cual solicita prórroga para la remisión de los informes solicitados por la Comisión Conjunta de Investigación, que guardan relación con operación vinculadas al señor Nicolás Léoz ( +) y Biocombustibles Brasileros S.A. (Biobras S.A), vinculada al Banco Atlas y a otros bancos de plaza.
También Por último, hicieron mención al inicio de las acciones judiciales dictaminada por el Asesor Jurídico de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Godoy Codas, a los efectos de acceder a las documentaciones que fueron negadas a la Comisión Conjunta de Investigación por diversas Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), conforme las facultades otorgadas por el art. 8 de la Ley 137 /93.