El fiscal Silvio Corbeta, quien superó múltiples chicanas presentadas por el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC), su esposa Patricia Corvalán (ANR-HC), intendenta de Quyquyhó y otros 14 imputados, finalmente presentó su requerimiento conclusivo anoche, un poco antes de que fenezca el plazo investigativo.
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Se trata de la acusación en el marco de la causa N° 161/2.018 caratulada: “Esteban Samaniego y otros sobre administración en provecho propios y otros” que fue presentada anoche y en donde el fiscal pidió el inicio de juicio oral contra 14 personas, relacionadas con una presunta “tragada” de G. 1.100 millones, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó.
Sin embargo, el corporativismo cartista en la Cámara de Diputados, evita que Esteban Samaniego, uno de los principales investigados, sea procesado escudado en los fueros. Sobre el parlamentario, pesan cinco pedidos de desafueros que son “ninguneados” desde su anterior periodo en la Cámara Baja y con eso sigue zafando de responder a la justicia.
Los pedidos ninguneados por los cartistas
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, reiteró en marzo pasado el pedido de desafuero del diputado cartista ante la Cámara Baja. El oficio judicial Nº 27, dirigido al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-HC), es a solicitud del fiscal Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, quien investiga al legislador por una supuesta millonaria malversación en la Municipalidad de Quyquyhó, entre el 2011 y 2017.
Asimismo, el 20 de diciembre del año pasado ingresó el quinto pedido de desafuero solicitado por el juez Humberto Otazú por un supuesto desfalco ocurrido durante su gestión como intendente de Quyquyhó, el cuarto pedido fue remitido en agosto del 2023 por la jueza Mesalina Fernández Franco.
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Según los antecedentes, Esteban Samaniego fue querellado por difamación y calumnia por la encargada de ingreso del Estadio Defensores del Chaco Sara Prieto, a quien habría agredido en el 2019 durante un partido de fútbol. El juez Rubén Ovelar ya había solicitado el desafuero por esta causa el 8 de octubre del 2019, pero fue blindado por sus colegas en el periodo parlamentario anterior.
También el 22 de agosto de 2022 volvieron a ingresar dos pedidos de desafuero simultáneamente, por agresiones a políticos colorados opositores a su movimiento. Lamentablemente, todos estos pedidos no son incluidos en el orden del día para su tratamiento.
Los acusados por la millonaria tragada a la municipalidad de Quyquyhó
El fiscal Corbeta acusó a la esposa del diputado e intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán por administración en provecho propio en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautora.
También fueron acusados Manuel Olazar por administración en provecho propio en calidad de coautor y lavado de dinero como cómplice, Andrés Alfredo Arrúa Brítez por administración en provecho propio en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautor, Blanca Gloria Álvares Vda. de Samaniego por administración en provecho propio y lavado de dinero, ambos en calidad de cómplices, Damián de Jesús Galarza por administración en provecho propio en calidad de cómplice, Christian Daniel Domínguez por administración en provecho propio en calidad de cómplice.
Además, a Enrique Javier Lovera Lezcano por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor, Guido Ramón Vargas Gaete por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor, Ruth Mercedes Medina Yegros por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor.
Asimismo, fueron acusados Líder Catalino Ramírez Ramírez por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva por administración en provecho propio en calidad de cómplice y asociación criminal como coautor, Benigno Villasboa Cáceres por asociación criminal como coautor y a Óscar Samuel Fanego Otazú por asociación criminal como coautor.
De acuerdo con las sospechas del Ministerio Público, Samaniego y Corvalán habrían dispuesto de recursos de la comuna de Quyquyhó para realizar un proyecto arquitectónico, demolición y posterior construcción de su residencia de dos plantas ubicada en Padre Juan María Casanello y Pampa Grande del barrio San Vicente de Asunción.
En total, la inversión realizada a la residencia del matrimonio Samaniego Corvalán fue de G. 1.108.599.918, según documentación presentada por la arquitecta que se encargó de dichos trabajos. Según la Fiscalía, el pago se materializó de la siguiente manera: G. 563.016.918 fueron pagados por la empresa BH Services SRL y el saldo restante G. 545.583.000 por la empresa constructora CX Construcciones.
Por otro lado, en el marco de la causa también fueron sobreseídos: Vilma Concepción Fanego Otazu, Juan Agustín Fanego Otazu, Andrés Isabelino Fulgencio Arrua Rodríguez, Justino Ayala Galeano y Julián Olmedo Brizuela.