El proyecto de ley busca ampliar el plazo de vigencia de la declaración de situación de emergencia de todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores de la ley penal, dependientes del Ministerio de Justicia, en todo el territorio de la República, dispuesta por la Ley N° 7238/2023.
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También se incluye ampliar ciertas atribuciones otorgadas al Ministerio de Justicia, con el fin de dar continuidad a las medidas dispuestas en el marco de la misma en materia de infraestructura, tecnología, seguridad, personal, formación y demás factores que inciden en el sistema de penitenciario.
En el argumento del proyecto de ley, indican que la sobrepoblación penitenciaria es un factor al que corresponde hacer referencia por su incidencia en la generación de otros problemas. Agrega que se debe también a la baja cantidad óptima para atender al volumen de población penitenciaria. Se tienen solo 2.306 funcionarios permanentes y 1.266 funcionarios contratados que están a cargo de todo el sistema penitenciario del país.
Los proyectistas son los diputados cartistas: José Rodríguez, Domingo “Mino” Adorno, Alejandro Aguilera, Bettina Aguilera, Rocío Abed y Leonardo Saiz, quienes dieron ingreso al documento esta mañana y, sin ser analizado en las comisiones asesoras, fue aprobado durante una sesión extraordinaria convocada en medio de la sesión ordinaria de esta mañana.
El sistema penitenciario está en estado de emergencia desde el 2023 y nuevamente se extenderá esta situación hasta diciembre del 2025. Eso significa que se otorgará al Ministerio de Justicia libertades para puentear incluso a la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) para la compra de insumos, alimentos o infraestructura bajo la excusa de “urgencias impostergables”.
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A tambor batiente y nos toman de pasa papeles, cuestionan opositores
Varios diputados opositores cuestionaron una vez más que se trate al Congreso Nacional como “pasa papeles” porque se ingresan proyectos de leyes a último momento y se aprueban sin mucho debate, aprovechando la mayoría que tienen los oficialistas en ambas cámaras. Indicaron que declarar estado de emergencia es un “cheque en blanco” para las instituciones, cuando no rinden cuentas del dinero que reciben.
“El presidente habla de necesidad de declarar emergencia, pero recientemente vetó la Ley Penitenciaria. El Poder Ejecutivo vetó este documento en donde se establecía una carrera y un orden. Pero ahora vamos a dar vía libre al ministerio para gestionar recursos sin que se haya rendido cuenta de la emergencia. Una vez más nos tratan de mero pasa papeles, porque este documento ingresó esta mañana y ya va a ser aprobado”, lamentó el diputado Raúl Benítez (Independiente).
Similar postura tuvo la diputada Rocío Vallejo (PPQ), quien indicó que se daba otro “cheque en blanco” al Ministerio de Justicia, pese a que no presentó un solo informe de gestión durante todo el año.
“Vamos a declarar so’o no más ya y vamos a darle canilla libre a todas las instituciones para que hagan lo que quieran sin rendir cuentas. Las declaraciones de emergencia siempre fue caldo de cultivo para el despilfarro”, denunció la diputada Vallejo.
Diosnel Aguilera (PLRA) lamentó que se haya presentado el documento a último momento, y que no se de nuevamente la opción para analizar bien la solicitud.
“Una vez más, se va a aprobar un proyecto de ley en tiempo récord y sin tener todos los datos necesarios. Las declaraciones de emergencia fueron siempre para el despilfarro y no concretar nada de los objetivos propuestos”, dijo el diputado liberal.
Los oficialistas se llenaron la boca de elogios hacia el Ministerio de Justicia y utilizaron una vez más como “caballito de batalla” el Operativo Veneratio para dar vía libre a la declaración de emergencia.