Los asaltos a camiones transportadores de encomienda y el robo de auto en donde se utiliza los inhibidores de señales de frecuencia y comunicación van en aumento, incluso recientemente el diputado Roberto González (ANR-FR) fue victima de los robachoches que “levantaron” su camioneta mediante el uso de inhibidores de señal. Según la Policía Nacional estos delincuentes formarían parte del grupo “Flipper” , que anteriormente operaba en la zona de Alto Paraná.
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Estos delitos van en aumento y, para buscar desalentar la práctica, el diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) presentó el proyecto de ley “que regula el uso y comercialización de inhibidores de señales de frecuencia y comunicación” el 4 de julio pasado. Tras algunas modificaciones introducidas por las Comisiones Asesoras, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa el 8 de octubre último.
El proyecto de ley fue enviado a la Cámara de Senadores donde tuvo entrada el 29 de octubre y fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; de Industria y Comercio y de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro. Hasta hoy, ninguna comisión emitió un dictamen al respecto. El documento tiene fecha de vencimiento el próximo 4 de abril del 2025.
Sepa los argumentos del proyecto
El diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) había indicado que la propuesta surgió como respuesta al creciente uso delictivo de dichos dispositivos electrónicos a nivel país y, últimamente, en Alto Paraná para asaltos a camiones transportadores de teléfonos de alta gama y electrónica, bancos y estaciones de servicios.
En su exposición de motivos, el diputado Rodríguez indicó que el uso de estos aparatos en diversos hechos delictivos va en aumento, por lo cual se necesita un control comercial.
El proyecto busca establecer un marco regulatorio para la comercialización de los dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en los ministerios de Interior y de Industria y Comercio.
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También se propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.
Entre las medidas propuestas por el parlamentario, se destaca la imposición de sanciones penales de hasta tres años de cárcel o multa para quienes incumplan la ley.