Senado ratifica su versión del RUN y vuelve a Diputados

Por amplia mayoría, la Cámara de Senadores ratificó hoy su versión del polémico proyecto de ley “que crea el Sistema Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN)”. En el debate, los legisladores votaron por mantener la versión de la Cámara Alta, por tanto, la iniciativa del Poder Ejecutivo y Judicial vuelve a la Cámara de Diputados, que para ratificar su versión necesita mayoría absoluta. Es decir, 53 votos de 80 presentes.

La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, ratificaron su versión del proyecto de ley que “crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional” (RUN). Se cuestionó que “esta es una ley tramposa y recaudatoria”.ARCENIO ACUÑA
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La Cámara Alta, es sesión extra, analizó hoy, en segunda vuelta, el proyecto de ley que “crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional” (RUN). El proyecto es iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

El RUN se crea con la fusión de tres instituciones: la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, del MOPC. La nueva institución dependerá de la Corte Suprema, en tanto que Catastro, del MEF, y Agrimensura, del MOPC, quedarán extinguidas tras la promulgación de la ley y sus funcionarios pasarán a formar parte de la nómina inicial del RUN.

Por 27 votos, los senadores ratificaron su versión y por tanto no acompañaron las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados (14 en total). El Artículo N° 126 del proyecto de ley suscitó debate. El senador Derlis Maidana (ANR-HC) señaló que ese articulado no elimina las condiciones de dominio. Dijo que el Run “va tener la facultad de rechazar las inscripciones que no tengan las condiciones legales”. En la Cámara de Diputados, los opositores alertaron que ese artículo abre la posibilidad de inscribir títulos sin certificado de dominio.

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Tras un debate, en el cual varios senadores expresaron su apoyo a la versión del Senado, como la senadora Esperanza Martínez (FG), Blanca Ovelar (ANR, independiente), Natalicio Chase (ANR-HC) y Eduardo Nakayama (independiente). Finalmente, el pleno votó en mayoría por los dictámenes de las comisiones de Legislación y otros, que recomendaron aprobar y ratificar la versión del Senado y no acompañar los cambios introducidos por Diputados.

El senador Arnaldo Samaniego (ANR, independiente) dijo que los cambios de Diputados, muchos fueron de “forma”. Sin embargo, la senadora Blanca Ovelar calificó de “pésima” la redacción de algunos artículos.

Entonces, con su ratificación, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, que para ratificar su versión necesita mayoría absoluta. Es decir, 53 votos de 80 presentes. Si la Cámara Baja se ratifica en su versión, el documento pasa a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación, veto parcial o total.

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El cuestionado artículo N° 126

En la sesión de Diputados de la semana pasada, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA) pidió modificar el artículo 126 que planteaba la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominio, lo cual, de prosperar, dijo que “es gravísimo en un país que históricamente arrastra enormes problemas con los títulos”.

Acotó que “si se permite la inscripción de títulos sin certificado de condición de dominio eso puede ser el carnaval” y para solucionar el aluvión de problemas que generaría sobre la titularidad de tierras, obligaría al ciudadano a tener que pelear el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

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Protestas

El proyecto generó masivas protestas de gremios, que reclaman la afectación de derechos y que el proyecto no busca realmente el ordenamiento catastral, sino que tiene como principal fin la recaudación.

Los escribanos y geógrafos fueron los gremios que más objeciones presentaron al proyecto. Denunciaron que afecta a sus derechos. Sostienen que el proyecto no busca realmente el ordenamiento catastral, sino que tiene como principal fin la recaudación

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