Documentos de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) detallan que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) le transfirió entre 2020 y parte de este año más de G. 7.083 millones en concepto del 20% por cada certificado de licencias de conducir solicitado para la emisión y renovación de las licencias de conducir. Este arancel se había establecido en el marco de un convenio de delegación de funciones, firmado entre la ONG y la oficina estatal a mediados de 2015.
A partir de estas transferencias realizadas por la Opaci se permite tener que su recaudación en ese lapso (2020-2024) SOLO por la emisión de los registros de conducir fue de más de G. 35.416 millones, alrededor de US$ 4,6 millones a la cotización actual. Este monto no incluye las otras recaudaciones millonarias de la organización “sin fines de lucro”, como las tasas por servicios de intermediación en las transferencias de inmuebles y las operaciones de créditos (hipotecas), además de las cuotas sociales de las municipalidades asociadas.
La Opaci consigue toda su recaudación “usando” a las comunas del país. En el caso de las licencias, la ONG cobra G. 10.000 a cada contribuyente por la expedición o revalidación, de los cuales el 20%, es decir, G. 2.000 debe transferirse a la ANTSV.
Con respecto a las transferencias de inmuebles e hipotecas, la tasa es porcentual de acuerdo a los montos finales de las transacciones. Esto gracias a un convenio con el Colegio de Escribanos del Paraguay.
Transferencias llamativas
Los registros de la ANTSV revelan que la transferencia más baja de la Opaci en concepto de aranceles tuvo lugar en noviembre de 2020. Se trata de G. 319 millones y correspondía a cobros realizados en julio y agosto de ese año.
En 2021, la Opaci transfirió a ANTSV entre mayo y noviembre más de G. 642 millones. Correspondían a aranceles de abril, mayo y junio de ese año.
En 2022, la ONG traspasó a la oficina del Estado G. 1.948 millones en febrero, marzo, noviembre y diciembre de ese año. Eran por cobros de junio de 2021, enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, octubre y noviembre de 2022, según los documentos.
En 2023, las transferencias de la Opaci a la ANTSV alcanzaron G. 2.409 millones y fueron durante casi todo el año. Correspondían a aranceles de diciembre de 2022, además desde enero hasta noviembre de 2023.
Hasta setiembre de este año la Opaci transfirió a la Agencia Nacional de Tránsito más de G. 1.763 millones. Eran por aranceles de diciembre de 2023 y desde enero hasta agosto de 2024.
Recursos de comunas retenidos
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), tras el análisis SOLO del ejercicio fiscal 2015, reveló un maquiavélico sistema de retención de recursos genuinos de las comunas, principalmente durante las presidencias del actual titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (2007-2011), y su hermano, Ricardo Núñez (2011-2016).
Los registros mostraban que al 31 de diciembre de 2015 la ONG no transfirió a las municipalidades más de G. 17.217 millones en concepto de bienes raíces y G. 928 millones por operaciones de crédito (hipotecas).
En su descargo, la Opaci dijo que “no retiene los fondos municipales”, sino que transfiere una vez que las municipalidades asociadas cumplan con las transferencias de los recursos genuinos de Opaci, o se compense la deuda entre partes”.
Es decir, ejerce una especie de chantaje.
Otros documentos revelan que entre 2010 y 2015 la Opaci tuvo una recaudación de G. 182.059 millones, unos US$ 31 millones.
El clan Núñez, liderado por el actual presidente del Congreso, pretendía perpetuarse en el Opaci. Para ello hizo modificaciones en su estatuto social para que puedan permanecer como parte de la directiva exautoridades municipales.
Lo cierto es que en 2016, tras publicaciones de ABC, Ricardo Núñez se vio obligado a dejar de ser la cara visible de la ONG. Asumió en su reemplazo como titular María del Carmen Benítez, esposa del exdiputado colorado Tomás Rivas, exintendenta de Ybycuí y actual funcionaria de la Itaipú Binacional.
Esta permaneció en el cargo hasta 2022 y durante su gestión las denuncias contra los manejos de la ONG no pararon, incluso era conocida su protección al clan Núñez.
Actualmente, el presidente de la ONG es Óscar Cabrera, intendente cartista de Guarambaré. Este último mantiene en su entorno a referentes del cartismo.