La Cámara de Senadores tratará mañana en su sesión ordinaria, prevista para las 9:00, un proyecto de ley que propone la modificación del artículo l0 de la Ley No 58/76l2 “De Administración de Bienes Incautados y Comisados” modificado por la LEY N° 6786/2021. La normativa, presentada por la senadora Lilian Samaniego (ANR, Independiente), plantea dar un mejor uso a los vehículos que son asignados a las instituciones de forma “provisional”.
A finales de septiembre de este año, la senadora liberocartista Noelia Cabrera fue vista en una ferretería de Lambaré realizando compras con la camioneta del presunto traficante de armas Diego Dirisio. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi “Núñez, priorizó que este rodado sea utilizado por la presidenta de la Conaderna, antes que otras instituciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
El artículo 39 de la Ley N° 6786 y sus modificaciones, referente a la Administración de Bienes Incautados y Comisados, resalta claramente el destino y establece que en el caso de vehículos, aeronaves, inmuebles y otros, debe darse preferencia a “aquellas instituciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado, para garantizar su estado de conservación y mantenimiento”.
La senadora Samaniego considera que los bienes incautados y comisados deben ser utilizados en beneficio de la sociedad y, para ello, plantea que, por ley, sean asignadas a instituciones clave como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Emergencia Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
Asimismo, señala que las limitaciones presupuestarias que enfrentan estas instituciones, como la falta de recursos económicos suficientes, dificulta la adquisición de vehículos para el cumplimiento de sus funciones.
¿Porqué asignar a cuatro instituciones?
Justifica que se debe destinar al Ministerio de Salud y a sus dependencias para fortalecer la atención primaria en zonas de difícil acceso, mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias y facilitar el traslado de pacientes. Al Ministerio de Justicia y sus dependencias penitenciarias para optimizar el traslado de detenidos, mejorar la seguridad de los establecimientos penitenciarios y facilitar las labores de vigilancia y control.
Asimismo, a la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) para agilizar la respuesta ante desastres naturales, atender emergencias y brindar asistencia a las comunidades afectadas y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay: Para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y otras emergencias.
La comisión de Legislación del Senado emitió dos dictámenes y recomendó al pleno rechazar en mayoría y en minoría aprobar el proyecto de ley. Los senadores que dictaminaron en contra del proyecto se ampararon en el informe de la Senabico.
La Senabico se pronuncia en contra del proyecto de ley
La Dirección General de Asesoría Jurídica la Senabico, en su dictamen jurídico sobre el proyecto de ley señala que la modificación pretendida de la normativa ya se encuentra contemplada en la legislación vigente y, a más de ello, ya se encuentra materializada con acuerdos marcos suscritos con las instituciones a las que por ley se pretende asignar los bienes, tanto en inmuebles como en vehículos, por lo que la norma consideran “innecesaria”.
Asimismo, señalan que el Cuerpo de Bomberos del Paraguay, no es una institución pública, tampoco una organización sin fines de lucro que se dedique a la rehabilitación de adictos, requisitos que se requieren para el uso provisional, según lo previsto en el artículo 39 de la ley de la Senabico, “lo cual generaría una contradicción con el artículo 10. Además de que, la actividad de dicha entidad no guarda relación alguna con los objetivos y fines de la lucha contra el crimen organizado, ni la rehabilitación de adictos.
Sin embargo, mediante una respuesta de informes al Congreso se evidenció que la Senabico se prestó a que ocho gobernaciones (todas coloradas) y ocho intendencias tienen en condición de “uso provisional”, principalmente camionetas y camiones valiosos que pertenecían a narcos, que nada tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado.
En el dictamen de la asesoría jurídica de la Senabico, también mencionan que los beneficiarios de la ley deben contar con recursos necesarios para el mantenimiento y aseguramiento de los bienes y que, si son dañados los vehículos por parte del Cuerpo de Bomberos del Paraguay, la Senabico tendrá que cargar con el gasto, “lo que podría generar graves perjuicios económicos al Estado”.