De enero a octubre, el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos autorizó la transferencia de G.1.345.615 millones a las administraciones municipales que cumplieron con las disposiciones legales vigentes, entre ellas la de rendir cuenta del los recursos recibidos a la Contraloría General de la República (CGR), estar al día con el pago a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), entre otras exigencias.
Según la planilla emitida recientemente por el Ministerio de Economía, se transfirió G. 939.408 millones de royalties, G. 115.553 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), G. 34.776 millones por juegos de azar y G. 255.328 millones de recursos menores y otras compensaciones estatales entre las municipalidades que están en regla con las exigencias administrativas.
Nenecho y Mirtha Fernández, los intendentes morosos
Sin embargo, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) no recibió un solo guaraní desde enero hasta octubre, debido a que no transfiere los recursos a la Caja Municipal de Jubilaciones, cuya deuda asciende a G. 13 mil millones, asimismo arrastra una deuda con el Ministerio de Economía de Finanzas sobre la transferencia del impuesto inmobiliario, por lo cual tampoco puede recibir dinero del Gobierno Central.
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Nenecho Rodríguez recurrió a varios préstamos para poder pagar salarios, así como también emitió bonos para cubrir gastos corrientes. Además, amenazó con incluir en Informconf a los asuncenos morosos con el objetivo de recaudar más, y también está con un proyecto para subastar tierras municipales en la zona de la Costanera.
El intendente cartista está imputado por lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 1.800 millones, supuestamente para canalizar los fondos disponibles en el período de la pandemia del covid-19, en el famoso caso de los “detergentes de oro”.
También la intendente Mirtha Fernández (PLRA) de Valenzuela (Cordillera) no recibió recurso alguno del gobierno Central. La jefa comunal está acusada por lesión de confianza y asociación criminal, por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones durante su gestión del 2019 y, desde hace dos años, chicanea para evitar el inicio del juicio oral y público.
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La intendente liberal no rinde cuentas a la Contraloría General, además adeuda G. 29.800.000 a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, según consta en los documentos.