La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada la ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, que pretende establecer un marco regulatorio para ingreso y promoción de funcionarios en instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, afirmó que esta normativa tendrá eventualmente una implementación exitosa, a diferencia de otras normativas vigentes, como la Ley 1.626 de la Función Pública, que presentan trabas legales, como acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra.
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Explicó que la implementación efectiva se logrará mediante el reconocimiento de las autonomías y atribuciones constitucionales que contempla el proyecto.
“El proyecto, tratando de aprender lecciones de una implementación fallida de la Ley 1.626, reconoce la autonomía constitucional de los diferentes poderes del Estado. Tenemos que ser respetuosos de las atribuciones constitucionales sobre los diferentes poderes del Estado y otros órganos constitucionales. Ese ha sido el punto de partida, a partir ahí se construye la norma; por eso, se determina y reconoce la autonomía constitucional, también la de las diferentes carreras, como judicial, diplomática y fuerzas públicas”, declaró.
Ingreso por concurso de oposición
Picaso resaltó que el reconocimiento de las autonomías constitucionales no solo permitirá la implementación de la ley en todas las instituciones públicas, sino también aplicar los concursos de oposición para el ingreso a la función pública.
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Comentó que actualmente los concursos de oposición no pueden ser implementados porque el marco normativo vigente presenta trabas de inconstitucionalidad promovidas en su contra.
“La estructura de la propuesta legal como norma, entendiendo y respetando las atribuciones constitucionales, creemos que va a hacer efectiva su implementación”, insistió.
Desde la oposición, no obstante, cuestionan que la ley será aplicable solo a un tercio de los funcionarios, exceptuando a más de 200.000 funcionarios. El cartismo, por su parte, reconoce que la normativa es “evadible”, según lo mencionó el senador Derlis Maidana (ANR-HC).