“No te digo que va a solucionar todos los problemas que sabemos que es una administración pública, muchas veces ineficiente, pero de lo que estoy seguro es que las condiciones de ingreso (a cargos públicos) van a ser más claras para todos”, afirmó ayer –en visita a ABC– el senador Derlis Maidana (ANR, cartista), sobre el proyecto con media sanción del Senado.
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Sostuvo que, supuestamente, con esta ley “ya no hay otra forma de ingreso a la función pública si no es por concurso” y están exceptuadas expresamente las binacionales y algunas empresas de capital mixto (Capasa, Fepasa, Copaco y Essap).
Sin embargo, también reconoció que mediante la “autonomía de poderes”, queda a criterio del Poder Legislativo y Judicial la aplicación, aunque supuestamente el Ministerio de Economía (MEF) tendrá control a través de dictámenes.
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“Primero, que la autonomía no lo decidimos nosotros, lo decidió la Constitución, y el art. 125, ultimo párrafo (del proyecto de ley), establece que la creación de puestos requerirá dictamen previo del MEF”, dijo Maidana como supuesta medida para controlar que el Congreso y la Corte se adecúen a la ley.
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Sin embargo, luego directamente se le recordó que muchas de las limitaciones ya están vigentes con la Ley de Racionalización del Gasto Público (conocida como Ley Godoy), sin embargo, se evade mediante un artículo (el 60), incluido la Ley del PGN de cada año, donde se exime de cumplir esa ley al Congreso y la Corte y, por ejemplo, así poder nombrar nepobabies sin restricción.
En tal sentido se limitó a pedir “confianza” en el MEF y que trasladarán la preocupación al presidente Santiago Peña y que existen sanciones establecidas en el artículo 128, aunque pueden ser evadidas por otra ley.
“Vamos a tocar esa preocupación, de que la Ley de Presupuesto no puede dejar sin efecto ni mutilar la ley”, pero insistió en que muchas veces “el problema no es la ley, sino la aplicación”, y que “ojalá que se cumpla” con esta ley.
Entre otros aspectos, que considera más positivos, citó el reconocimiento del cargo de “asesor”, que si bien no existe en la ley actual, es algo normalizado. Refirió que se puso límites.
“Ahora se establece hasta 3 asesores nombrados sin concurso” y “se requerirá que acrediten al menos 5 años de experiencia profesional en materia respectiva”, a fin de evitar, entre otros casos, los nepobachilleres”.
En contra de “mutilar” privilegios legislativos
“Si le quitamos y mutilamos todos los beneficios al legislador, ¿qué le queda? Tiene que ir a los ministerios a rebuscarse de aquí para allá y eso ocurre”, sostuvo ayer el senador Derlis Maidana (ANR, HC), intentando defender privilegios que ahora buscan restituirse, como ser el seguro vip y los cupos de combustibles.
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El mismo intentó alegar excepciones a la regla, diciendo que hay colegas legisladores que supuestamente gastan mucho en combustible para ir a sus comunidades, como ser Alto Paraguay.
“Lo que no estoy de acuerdo es limitarle excesivamente a la clase política. No sé por qué a la clase política de conducción le tenemos que mutilar”, dijo, y acotó que “un jefe del Indert tiene combustible para ir a recorrer y un legislador tiene muchas más responsabilidades”. También defendió los viajes, diciendo que no viajan en clase ejecutiva y que tiene limitado hasta 2 viajes por año.
Tren “bala” en tratamiento
El senador cartista Derlis Maidana además informó que el nuevo proyecto de ley de “tren de cercanías” que presentó el Ejecutivo esta semana tiene tratamiento “de urgencia”, lo que obliga –en términos populares– a tratar a “toda bala” esta iniciativa, tras fracaso de proyecto anterior con Corea.
“El tren de cercanías es un proyecto que se presentó con tratamiento de urgencia esta semana, va a ir a la Comisión de Obras Públicas y nosotros en la Comisión de Legislación tenemos un trabajo más leve porque tenemos que ver las implicancias constitucionales del proyecto, seguramente lo estaremos analizando la siguiente semana”, afirmó. Nepotismo en Paraguay: ¿qué dice la ley?
El tratamiento de “urgencia” de un proyecto es una facultad constitucional del Ejecutivo (art. 210), que obliga a cada cámara del Congreso a tratar en un plazo máximo de 30 días cada uno, de lo contrario se asumirá como sancionado el proyecto.
IPS: dicen que permitirán debate
Respeto al recientemente planteado proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), con el que pretenden ampliar de 2 a 10 años el plazo para el cálculo de la jubilación de los aportantes, el senador Derlis Maidana no quiso señalar si lo definirán antes del receso parlamentario, pero si prometió dejar que se debata.
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“No es una cuestión que podemos tratar a la ligera, vamos a analizar bien, vamos a hacer audiencia pública, vamos a pedir todos los informes y dependemos de la Mesa Directiva del Senado a ver si se trata antes de fin de año, pero vamos a darle toda la participación a la ciudadanía para que pueda expresar su opinión y darle una gran tranquilidad que el Presidente Peña y todo el equipo de trabajo no tenemos pensado hacer leyes que afecten derechos adquiridos y al trabajador”, dijo.