Los cargos públicos “hereditarios” saltan en casi todas las instituciones públicas y el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE) no es la excepción.
María Estela Riquelme de De Marchi es una antigua funcionaria del Ministerio Público, quien según los registros oficiales se desempeñaba como asistente en la Dirección de Asuntos Internacionales, cargo que ocupó hasta febrero del año pasado con una remuneración mensual de G. 6.525.365.
De acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, en marzo del 2023 asume como directora interina y su sueldo trepó a G. 10.150.365. En mayo de ese mismo año presenta una Nueva Declaración Jurada (DJ), ante la Contraloría General de la República (CGR), para anunciar su nuevo cargo como directora de Gestión de Talento Humano de la Fiscalía.
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Para junio del año pasado ya aumenta sus ingresos con su nuevo cargo y de G. 6.525.365, pasó a cobrar de forma mensual G. 17.806.000.
Directora de Fiscalía aterrizó su hijo
A poco de asumir el cargo de directora de Gestión de Talento Humano, de forma llamativa aparece como funcionario, también del Ministerio Público, su hijo Fabio Nicola De Marchi Riquelme. De acuerdo con la declaración jurada que presentó el 25 de octubre, asumió el cargo de asistente en la Dirección de Evidencia La Piedad. En esa misma DJ que presentó, señaló un sueldo de G. 6.525.365.
Este salario en el cargo de asistente percibió hasta julio de este año. Desde agosto, su salario trepó a G. 8.797.500 y ya no aparecía como asistente sino que fue ubicado como coordinador.
Esta variación tanto en su salario como en su cargo, al aparecer como “coordinador”, ante el MEF, no fue actualizado ante la Contraloría.
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Tratamos de lograr la versión de la directora de Gestión de Talento Humano para tener más detalles sobre la incorporación de su hijo, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos retorno y desde la Fiscalía nos pidieron llamar el lunes para tratar de hablar con ella.
Escandalosos casos en el Congreso
Los actuales legisladores no resaltan precisamente por las iniciativas parlamentarias que puedan impulsar para beneficio de la población. En lo que va del periodo legislativo se destacaron por ubicar de manera masiva a sus familiares en el Congreso Nacional.
Luego de que las publicaciones periodísticas dejaron al descubierto que los políticos usan al Parlamento como una gigantesca bolsa de trabajo para sus cercanos, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, había conformado equipo para la investigación de denuncias por nepotismo. Los que debían investigar eran los agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce, bajo la coordinación de la fiscala Matilde Moreno Irigoitia.
Sin embargo, no se presentaron sanciones ejemplares. Los únicos imputados fueron la diputada liberal Roya Nigsa Torres Báez y su hijo Elías Martín Godoy Torres, por la supuesta comisión del delito de cobro indebido de honorarios.
Se dieron a conocer en ese entonces, al menos 25 casos de presunto nepotismo.