El pasado 8 de octubre la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido a Itaipú Binacional, a fin de que reporte sobre transferencias de los fondos sociales hechas a personas físicas o jurídicas (asociación. fundación, organización, sociedad anónima, etc) desde 2020 a 2024, ya que el Gobierno de Santiago Peña pregona tanto su supuesto interés de “transparentar” los fondos relacionados a Organizaciones Sin Fines de Lucro, entre ellas, las oeneges.
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Sin embargo, Itaipú Binacional, cuyo titular paraguayo es el exdiputado cartista Justo Zacarías Irún, esposo de la líder de bancada de Honor Colorado en Cámara Baja, Rocío Abed, negó dicha información, alegando que la binacional está exenta de proveer esa documentación.
“Hemos solicitado desde diputados los detalles de todas las transferencias de Itaipú a organizaciones sin fines de lucro. En una clara violación a la ley de información pública y en una muestra más de hipocresía, se niegan a dar la información. Analizaremos con el equipo acciones legales para el cumplimiento del estado de derecho”, señaló el proponente del pedido de informes, diputado Raúl Benítez (Independiente, Ex PEN).
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La negativa a responder al pedido de informes además lleva la firma de la esposa del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar y directora de asesoría jurídica de Itaipú, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, que fue la que argumentó en términos legales la respuesta.
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“Estas transferencias financieras a los distintos pares estratégicos de la Itaipú, no afectan las remesas de dinero realizadas por la binacional en en cumplimiento de las obligaciones acordadas por los Estados Partes en el Anexo C del tratado de Itaipú y por lo mismo, no previenen de las fuentes de ingresos del Presupuesto General de la Nación. Como es sabido, en virtud del Art. 3 de la Ley Nº 1535/99 ‘De Administración Financiera del Estado’, las entidades binacionales están excluidas del presupuesto público y de su regulación”, señala la respuesta de Itaipú.
Sin embargo, la Ley 5282 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” establece en su artículo 2º inciso i establece que las Binacionales también están obligadas a proveer estos datos.
Piden “despertar” para que dejen usar como “caja chica”
“Itaipú es usado por la claque política como caja chica de la corrupción y el clientelismo político. Miles de millones destinados a sus operadores y ONG amigas. ¿Dónde está la transparencia Santiago Peña?, cuestionó por su parte la exsenadora expulsada del Congreso, Kattya González.
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La misma también hizo énfasis en la hipocresía del cartismo que, por un lado, promueve una ley -pendiente de promulgación o veto- contra las oenegés y aprieta a enemigos políticos mediante la comisión “garrote” del Congreso, pero oculta datos cuando se trata de los “amigos”.
“El cartismo no quiere transparencia quiere garrote. Por estas y otras injusticias marchamos”, dijo, invitando a la ciudadanía a participar de la movilización que nominan “Yapaypy” (Despertemos), que, bajo el lema “justicia contra todas las injusticias”, prevé iniciar una movilización ciudadana éste domingo a las 7:00 en la misa de Caacupé y se extenderá hasta el jueves 21 hasta llegar a la Capital.
Manejan millones “en negro”
En el marco de la renegociación del anexo C del tratado de Itaipú, el gobierno de Santiago Peña se vanaglorió de haber obtenido mayores recursos mediante el ajuste de la tarifa por la energía cedida a Brasil. Sin embargo, cuando se planteó incluir esos recursos al Presupuesto de Gastos de la Nación, rechazaron rotundamente esa posibilidad, a sabiendas de que eso le permitiría seguir manejando discrecionalmente dichos fondos.
En septiembre pasado, la Cámara Baja -con mayoría cartista- rechazó el proyecto de ley para incluir en el Presupuesto General de la Nación el adicional que la República del Paraguay recibirá por el ajuste de la tarifa de energía eléctrica de Itaipú cedida al Brasil”, monto que representa, sólo en gastos sociales, unos US$ 650 millones al año apróximadamente.