La audiencia pública se llevó a cabo en Cámara de Diputados, sin presencia de legisladores cartistas, salvo del presidente de la Cámara, Raúl Latorre, apenas un momento para el arranque y no se quedó a debatir la creación del controvertido Registro Unificado Nacional (RUN). La reunión fue convocada por los diputados Raúl Benítez (Independiente), Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Johanna Ortega (Partido País Solidario).
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La controvertida iniciativa plantea fusionar la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP - Poder Judicial), el Servicio Nacional de Catastro (SNC-Poder Ejecutivo) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG-MOPC). Volvieron a “llover” las críticas, sobre todo por la falta de apertura del gobierno cartista de Santiago Peña de no querer escuchar críticas.
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Cada sector fue exponiendo técnicamente sus cuestionamientos, pero uno de los más duros fue del presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, Gustavo Benítez Soler, quien acusó directamente al gobierno de mentir porque el discurso oficial de que todos los problemas de titulación se van a solucionar con la unificación es una falacia, si no se le incluye al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), institución a la que calificó de “cueva de ladrones”.
“Hablan que quieren solucionar el problema de las tierras. Falso de toda falsedad. Si no se le incluye al Indert aquí en esta ley, no se va a solucionar absolutamente nada porque la mayoría de los problemas de la tierra en el Paraguay han sido ocasionados por el Indert, que es una cueva de bandidos”, dijo Benítez.
Si bien valoró que en el Senado se escucharon algunas pocas recomendaciones, calificó este proyecto como un “adefecio” que debe ser rechazado. Hizo un llamado a los diputados que deberán analizar el proyecto de ley que surge de la iniciativa del actual gobierno de Peña.
“Señores, este no es un problema de los escribanos, es un problema de la ciudadanía. El Congreso es el refugio de los débiles, de la gente que ya no tiene a quién recurrir y si ustedes no se ponen los pantalones y modifican y arreglan este adefesio de ley, entonces no sé para qué estarían ustedes acá”, reclamó Benítez Soler, tras detallar varios de los puntos cuestionado de la iniciativa.
Acusan de querer una “caja recaudadora”
Entre otros puntos, por ejemplo criticó el artículo 116 del proyecto, que establece como una de las causales, para negar el registro de títulos, el extravío de la asientos, algo que puede ocurrir por culpa de las propias instituciones, y como solución, plantearían un doble pago al ciudadano por esta “inoperancia”.
“Mal pueden pretender que volvamos a pagar la tasa judicial, esto es querer trasladarle el problema a la ciudadanía, no a los escribanos solamente. Acá van a querer meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos que no tienen posibilidad de defenderse. Se transformó en una caja recaudadora este proyecto”, acusó Benítez Soler.
Acotó que tampoco la unificación tiene una fundamentación económica a favor del ciudadano, ya que “aumenta las tasas judiciales tanto en las operaciones de compra-venta como en las prendas e hipotecas”.
¡Qué seguridad jurídica!, si por cualquier pavada nos ponen nota negativa, criticó. Acá lo que van a asegurar con esto es hacernos tributar el doble por algo que no corresponde, denunció.
Acusan de que hay una “orden de silencio” impuesto desde el Gobierno
Carlos Cubilla, representante de la Asociación de Geógrafos del Paraguay (AGEPA), indicó que recientes reformas previas han llevado al sector inmobiliario a vivir la “más completa sensación de inseguridad jurídica de la propiedad privada de nuestra historia”, y recordó que un buen líder promueve el “diálogo amplio y participativo”, algo que no ven por parte del gobierno.
“Reclamo la falta de sensibilidad social al llevar a tambor batiente ante el terrible déficit de comunicación y con explicaciones insensatas respecto al proceso al que estamos siendo empujados. Manifiesto mi decepción ante la incertidumbre que nos genera la creación de una norma confusa, incompleta e inexplicablemente presurosa”, dijo Cubilla, que remarcó además “la total falta de ética” de plantear un proyecto sin consultar a los expertos del área.
En lo que refiere a su sector específico, Cubilla reprochó que mediante el artículo 144 de la versión Senado se pretenda habilitar a agrónomos y agropecuarios a realizar labores de agrimensura, catastro y geodesia, a la par que se deroga la Ley reglamentaria de dicha labor, la Nº 6875.
Finalmente, abogó para que “de alguna manera logren levantar la ‘orden de silencio’ en la función pública, porque están silenciados y no pueden siquiera expresar sus opiniones”.
Directora de Registros Público promete “diálogo abierto”
La directora general de Registros Públicos, Lourdes González, también tomó intervención en la audiencia, y abogó a favor del proyecto. Prometió también recibir a los gremios para escuchar sus reclamos, aunque primeramente pidió dejar de la lado la “soberbia” de algunos que “creen que saben todo”.
“Es muy bueno siempre escucharnos, porque todos hablamos castellano, pero muchas veces el castellano no es del todo claro, no se entiende de la misma manera, y también creo que todos debemos dejar de lado la soberbia en decir que un solo sector tiene la razón y que debe imponer todas sus opiniones”, dijo González. Justamente esto es lo que todos los gremios le reclaman al gobierno cartista de Peña.
De hecho, se lo reclamaron públicamente, ante lo que tuvo que comprometerse públicamente. “Claro que sí, de mi parte el diálogo abierto. Les voy a recibir. Prometido públicamente” ya que “entre todos podemos construir más que destruir” porque las cosas no pueden “seguir tan mal como hasta ahora”, indicó González.
Prometen pedir más espacios de debate
Pese a la extensa audiencia, el tiempo quedó corto para todos los reclamos, por lo que los convocantes adelantaron que intentarán solicitar una mesa de trabajo. No obstante, el diputado Raúl Benítez (independiente, ex PEN) remarcó que lamentablemente ellos son la minoría de las minorías en la Cámara, pero que harán el esfuerzo para hablar con los cartistas, a fin de que escuchen las quejas y reclamos de los gremios afectados.