Cámara de Diputados quiere saber la situación financiera de la EBY

La Cámara de Diputados busca saber la situación financiera de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y, en especial, sobre las condiciones de abastecimiento establecido en el Tratado de Yacyretá en el punto II del Anexo C, y la deuda de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con la entidad.

Mauricio Espínola (ANR-FR) solicitó el pedido a la Entidad Binacional Yacyretá.Gentileza
audima

La Cámara de Diputados pidió informes a la Entidad Binacional Yacyretá, cuyo titular es Luis Benítez (ANR-HC), sobre la situación financiera. La solicitud fue a instancias del diputado Mauricio Espínola (ANR-FR), quien busca tener acceso a la documentación que sustente las condiciones de abastecimiento establecido en el Tratado de Yacyretá.

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Asimismo, pide saber sobre las transferencias recibidas de la margen argentina durante el 2023 y el 2024, así como montos efectivamente cobrados por venta de energía al mercado local y mercado eléctrico argentino, la facturación por venta de energía al mercado argentino.

¿Cuánto debe la ANDE?

Otro pedido es conocer la deuda de la ANDE con la EBY, así como la deuda de la binacional con instituciones financieras nacionales, la deuda con los proveedores, y contratistas del lado paraguayo y el plan financiero del 2025 de la binacional.

El diputado Espínola pide también conocer cuánto es el retiro de energía de la Central Hidroeléctrica en los años 2023/2024 por mes, tarifa actualizada de acuerdo a la Nota Reversal del 92, tarifa efectivamente facturada para el mercado argentino y nacional, documentación que justifique cobros diferentes de tarifas a los acuerdos internacionales.

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Los pedidos de informe se refieren también al gasto de personal, gastos sociales realizados en el lado paraguayo durante el 2024 por mes, un listado de obras que están paradas por falta de financiamiento, y por último el monto por cesión de energía durante el 2023/2024 hasta octubre.

El titular de la EBY, Luis Benítez tiene un plazo, según la resolución aprobada, de 15 días hábiles para contestar a la Cámara Baja.

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