La diputada Johanna Ortega (PPS) lamentó en la sesión de ayer el uso del presupuesto de la Defensoría del Pueblo para financiar el reciente Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), que se realizó en Paraguay la semana pasada. La parlamentaria opositora denunció que la institución dilapidó cerca de G. 1.900 millones para la organización del evento, mientras las necesidades básicas de la población son desatendidas y los derechos humanos enfrentan constantes amenazas en el país.
“¿A ustedes les parece que alguna institución del Estado debería gastar G. 1.900 millones en la organización de un congreso, en un país donde 1.009.044 personas viven en pobreza multidimensional y el 22% de la población en pobreza monetaria?, dijo la diputada Ortega.
La parlamentaria indicó que ese dinero se podría haber utilizado para defender a las personas más vulnerables del país, y no en comprar costosos souvenirs para entregar a los participantes.
“La Defensoría del Pueblo, dirigida por el Abg. Rafael Ávila, ha despilfarrado fondos que podrían haberse usado para defender a las personas más vulnerables. Los gastos excesivos e innecesarios realizados en la organización del Congreso, tales como souvenirs de lujo, decoración y servicios varios, mientras el personal de la Defensoría, que trabajó en el evento, no contaba siquiera con almuerzo cubierto”, sostuvo la diputada Ortega.
Los costosos regalos que llevaron los presentes
Mencionó que entre los gastos que Ávila autorizó están los souvenir de hamacas paraguayas a G. 1.258.000 cada una, artesanías en plata a G. 950.000 y camisas de ao po’i a G. 1.021.000 cada una, así como gastos adicionales en bolígrafos de diseño, cintas portacredenciales y decoración especial.
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La diputada Johanna Ortega explicó que para cubrir estos despilfarros el defensor del Pueblo recurrió a una reprogramación presupuestaria, a la que consideró “inaudita”, debido a que dejó a la institución sin seguro médico, combustible, viáticos y fondos para el rubro de objetores de conciencia que realizan el servicio sustitutivo, es decir, reprogramó los recursos que garantizan la operatividad de la institución.
“Exijo explicaciones sobre esta situación; no se puede sacar presupuesto destinado a defender al pueblo para un despliegue aristocrático, como el de un congreso de derechos humanos, en un país donde los derechos humanos son vulnerados diariamente”, sentenció Ortega.