La Cámara Baja sancionó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “que establece permisos para trabajadoras en estado de gestación”, aceptando leves modificaciones que había introducido el Senado. Cartistas se embanderaron con el proyecto con el discurso “provida y profamilia”, por lo que se ve difícil que el presidente Santiago Peña vete la iniciativa.
La proyectista, diputada cartista Carmen Giménez de Ovando, dijo allanarse a las modificaciones del Senado, destacando sobre todo que en el artículo 7º, se agregaron facilidades para extender el tiempo de los permisos, que inicialmente es de 4 horas, según necesidad establecida por los médicos.
Primeramente, el artículo 4º establece que “los permisos para cada control prenatal serán de hasta cuatro horas. Dichas horas se computarán como trabajadas a todos los efectos legales, no pudiendo ser descontadas del salario o remuneración”.
Respecto a lo que mencionó Giménez de Ovando, en el caso de requerir tiempo extra más controles, determinados por el médico, y mediante un certificado expedido por el mismo, se puede ampliar el tiempo y la prohibición de descuento del salario.
“La cantidad de horas mencionadas en el artículo 4° podrán aumentarse cuando, a juicio del profesional tratante, sea necesario o recomendable que la embarazada concurra a más controles o estudios adicionales. A tal efecto, la trabajadora gestante deberá presentar ante el empleador, el certificado o constancia emitida por el profesional tratante, en el que conste la circunstancia que amerite tal valoración”, señala el proyecto de ley.
Ley para impedir descuento salarial a mujeres embarazadas: argumentos a favor
La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), que precisamente se encuentra en etapa de gestación respaldó la iniciativa, mencionado que todo avance en cuanto a derechos para las madres gestantes es insuficiente, pero que en este caso permitirá llevar un mejor cuidado no solo de la madre, sino también del niño/niña por nacer.
“Nosotros avanzamos mucho en salud pública, en todo lo que tenga que ver con salud reproductiva y materno-perinatal, pero queda un largo camino por recorrer y creo que este tipo de proyectos aportan a que así sea y podamos mejorar nuestros índices de controles prenatales, y son derechos que genuinamente las mujeres que somos las que atravesamos por este proceso de gestación nos merecemos”, dijo Ortega.
Otro que intervino fue el diputado Raúl Latorre (ANR, cartista), que con su discurso comprometió al Ejecutivo limitando su posibilidad de veto, ya que si lo hace, los dejarían mal parados, remarcando que el Estado tiene que hacer su “mayor esfuerzo” para que los embarazos concluyan satisfactoriamente.
“Nuestra constitución y nuestro sentimiento en lo más profundo del alma, abraza la defensa de la vida y la familia, pero es importante trascender este enunciado y materializarlo con base en políticas públicas. El proyecto en cuestión que busca fortalecer y mejorar las condiciones y derechos de las madres en gestación están en perfecta armonía con ese pensamiento, ese delineamiento”, afirmó Latorre.
Redujeron multas, pero se mantiene el castigo
Por su parte, presidente de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) acompañó el dictamen de aceptación de las modificaciones, pero haciendo énfasis en los cambios sobre el monto y destino de las multas para los empleadores que violen la ley, en el caso de ser promulgada.
Explicó que inicialmente la Cámara Baja fijó multas de entre 50 a 100 jornales mínimos (G. 5.381.350 a G. 10.762.700 en la actualidad), lo cual se redujo a entre 10 y 50 jornales mínimo (G. 1.076.270 a G. 5.381.350).
El Senado también estableció que el monto recaudado por dichas multas se entreguen al Ministerio de Salud en vez del Ministerio del Trabajo, como inicialmente se propuso.