Rubén Rubin busca conocer sobre las leyes, decreto y resoluciones que amparan a la ANDE para llevar adelante los procesos de indemnización, quiénes son los encargados de hacerlos, si existe una junta que realiza un dictamen técnico.
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Además, solicita saber cómo justiprecia las indemnizaciones en caso de muerte atribuida a la ANDE por accidentes, así como el proceso hasta llegar a la firma del titular de la ANDE.
Rubin también quiere saber por qué montos tan elevados son liberados sin sentencia judicial aunque corresponda indemnizar; especificar si existen instancias de auditoría interna o externa en cada operación, explicar los controles previos y posteriores al desembolso de cheques. Además se le pide a Félix Sosa especificar los recursos legales y administrativos aplicables para prevenir la colusión y el desvío de fondos.
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Este pedido de informes se emitió luego de que saltara a la luz pública que dos familias de Caaguazú no recibieron íntegramente las indemnizaciones de la ANDE porque un grupo de gestores se habrían quedado con parte del dinero. En este caso fueron imputadas ocho personas entre ellas la entonces funcionaria de Diputados Anadelia Acosta Armoa, el abogado Darío Aquiles Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta, pareja de la exfuncionaria y el padre, respectivamente.