En conversación con medios de comunicación este martes, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso, reiteró su postura de apoyo al proyecto de ley que crea el “Registro Unificado Nacional” y dijo confiar en que el oficialismo cartista tiene los votos para aprobar el proyecto en la sesión extraordinaria del Senado que tendrá lugar hoy.
El único punto del día en la sesión de hoy será el proyecto de ley que crea el “Registro Unificado Nacional” por medio de la fusión de la Dirección General de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
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La medida ha sido cuestionada por el Colegio de Escribanos del Paraguay, que argumenta que debe haber más tiempo para estudiar el proyecto y corregir lo que califican como una propuesta legislativa “desordenada” y plagada de contradicciones.
“El negocio de ciertos sectores se termina”
El senador Núñez argumentó que la fusión de esas instituciones facilitará los trámites para los ciudadanos, quienes “en vez de ir a tres lugares van a ir a uno”.
Agregó que, con la promulgación del proyecto de ley, los procesos de agrimensura pasarán a ser administrativos “si no hay controversia entre las partes” y dijo que con ese cambio “el negocio de ciertos sectores se termina”, aunque no se atrevió a decir con claridad a qué sectores se refirió.
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Dijo que el proyecto de ley será aprobado “con modificaciones” que son producto de varias reuniones de comisiones del Congreso con organizaciones y gremios, y afirmó que “el 85 por ciento de las demandas que hicieron los escribanos fueron aceptadas”.
El legislador cartista dijo confiar en que hay una “amplia mayoría” a favor de la aprobación, con “más de 30 senadores que están en la senda correcta”.
En las últimas semanas, escribanos se han manifestado en repetidas ocasiones pidiendo aplazar el tratamiento del proyecto y expresaron preocupación por aspectos como la modificación de plazos registrales y notariales, que podría resultar en más tiempo de espera para el procesamiento de informes y documentos requeridos por los notarios y los ciudadanos a quienes representen, entre otras objeciones.