Una de las falacias que buscaron instalar el cartismo y sus perifoneros es que el contrato original sobre el fideicomiso entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Atlas no contemplaba obras en “otros centros de salud” de la previsional. Sin embargo, documentos publicados en la página web del instituto evidenciaron que esas tareas estaban dentro del acuerdo firmado el 13 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, específicamente en la cláusula segunda, en el ítem 2.4 inciso d.
La existencia de este punto también se sustenta de forma contundente con los más de 1.200 certificados de avance de obra y órdenes de la previsional. Las autorizaciones para el pago, con el fondo fiduciario, comenzaron a ser emitidas durante el gobierno de Horacio Cartes y prosiguieron en el periodo de Mario Abdo Benítez.
Lo sugestivo es que la auditora externa Griselda María Irala, cercana a la exviceministra de Tributación en la presidencia de Cartes, Marta González, “OLVIDÓ” dicho pequeño gran detalle. Hizo solo hincapié a los pagos por obras “en otros centros de salud” en el lapso de Abdo Benítez, entre 2021 y 2022, según su “estudio”. Para la consultora “independiente” los trabajos “en otros centros de salud” no estaban especificados en el contrato de fideicomiso.
Lo cierto es que el IPS usó ese informe de auditoría externa para organizar una conferencia de prensa y presentar una denuncia en la Fiscalía a mediados de febrero último.
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El primero en pagar
Curiosamente, en el informe de auditoría externa y en la denuncia del IPS se olvidaron de agregar que el primero que firmó un certificado y orden de pago por obras supuestamente no contempladas en el acuerdo del fideicomiso, fue el ahora presidente de la institución, Jorge Brítez.
Brítez era consejero de la previsional y refrendó el documento el 22 de diciembre de 2017. Mediante ese certificado se autorizaba el pago a MMSA Empresa Contructora, por obras en el Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú.
El monto estipulado en esa orden era de G. 1.258 millones.
Un punto importante para agregar es que Jorge Brítez firmó esa orden el mismo día en que el IPS emitió el PRIMERO y MÁS GRANDE título de crédito para el fondo fiduciario. Se trataba de G. 324.500 millones de los G. 828.800 millones, más de US$ 110 millones, estipulados.
El ahora presidente del IPS firmó otros certificados de avance de obra y órdenes de pago en el periodo que estuvo como consejero durante el gobierno de Cartes. Otro es del 29 de diciembre de 2017, escasos 7 días después del primero.
Esa certificación en el marco del contrato de fideicomiso era por la terminación de la obra UTI-UCO del IPS. Como beneficiada aparecía la empresa GCA SA, por G. 3.468 millones.
Es decir, en los gobiernos tanto de Cartes como de Abdo se hicieron pagos con el fideicomiso para “otros centros de salud” del IPS.
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Desmontaje de la fábula cartista sobre fideicomiso
Una campaña embustera montó el cartismo con sus perifoneros a partir de la auditoría externa elaborada por la cercana a Marta González y una denuncia del IPS. Se buscó embarrar a cualquier precio y con informes falaces a la entidad financiera, en este caso al Banco Atlas, que actuó como fiduciario en el acuerdo con la previsional.
Las mentiras se presentaron y son usadas ahora por la Comisión Bicameral de Investigación de supuesto lavado de dinero, más conocida como comisión “garrote”, creada por el cartismo.
Incluso, el presidente Santiago Peña lanzó días pasados un furibundo mensaje sobre ese producto financiero, que llamativamente él mismo acompañó a crear cuando era ministro de Hacienda, en el gobierno de Horacio Cartes.
Lo cierto es que documentos publicados en la página web del IPS como otros archivos de la previsional ayudaron a desvirtuar toda la fábula orquestada. El repetitivo informe era la supuesta corresponsabilidad de la entidad bancaria.
Sin embargo, el borrador de contrato de 23 fojas aprobado por el Consejo de Administración el 12 de diciembre de 2017 desmiente de forma contundente esa versión. Es más, en la cláusula segunda, en el punto 2.4 incisos a y b decía que el IPS era el ÚNICO RESPONSABLE sobre la contratación de constructoras, verificación y certificación de las tareas.
Otra falacia que buscaron instalar es que firmaron personas no autorizadas los certificados y órdenes de pago. Sin embargo, no contaron que el IPS tuvo ajustes en su estructural organizacional y que cada certificado era refrendado por la persona que autorizaba el IPS, cumpliendo la cláusula segunda, punto 2.4 inciso c.