Ayer se desarrolló la sesión de la comisión “garrote”, como se conoce a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) y, en varios momentos, quedó sin quórum porque con la entrada y salida de sus miembros de la sala no se contaba con la cantidad mínima de integrantes necesaria.
Estuvieron presentes el presidente de la comisión, Dionisio Amarilla (aliado cartista), el senador Gustavo Leite (ANR, cartista), y de manera esporádica el senador Colym Soroka (ANR) y el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, cartista). En ningún momento aparecieron los miembros restantes: diputados Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, cartista) y Jatar “Oso” Fernández (ANR, B Oficialista).
La Ley 137/93, que reglamenta las Comisiones Bicamerales de Investigación establece en su artículo 3º que “las Comisiones conjuntas de Investigación “sesionarán en pleno con la presencia, cuanto menos de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros”.
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Sobre todo en las últimas reuniones con personas convocadas, como con la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, y del director de auditoría de Gestión Jurisdiccional la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Heyn, solamente estuvieron presentes Amarilla, Gustavo Leite y Colym Soroka, faltando uno para el quórum mínimo.
Posterior a la sesión, cuando se les señaló la falta de quórum, se enredaron con sus intentos de explicación. Leite dijo: “El diputado Gamarra entraba y salía, pero nosotros tenemos un reglamento, el saloncito de atrás también vale como quórum” (sic).
Sin embargo, se le insistió sobre que Gamarra ya no estaba en la sala y tampoco se retiró con sus colegas, a lo que Leite contestó: “No sé, no somos policías”. En realidad, revisar el quórum es la tarea básica de Amarilla como presidente de la comisión.
El senador Amarilla, quien fue expulsado del PLRA, dispuso que a través de la Dirección de Comunicación del Senado sean proveídas las grabaciones para confirmar la falta de quórum.
Presión al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
La comisión “garrote” intentó presionar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que es un órgano extrapoder copado también por el cartismo, para instar a una sanción al juez del 5º turno en lo Civil y Comercial, Agustín Rivas Laguardia, por haber ordenado en su momento el remate judicial de un inmueble embargado al presunto narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
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La titular del JEM, Alicia Pucheta, explicó que ya en su momento trataron el tema a pedido del diputado cartista Alejandro Aguilera, ya que no contaban con elementos ni denuncias y por ende se dispuso una investigación preliminar. “Cuando no se tienen elementos semisólidos para iniciar enjuiciamiento, entonces lo que se hace es iniciar una investigación preliminar”, dijo.
La directora general de Asuntos Legales del JEM, Amy Lezcano relató que ese organismo (JEM), “por unanimidad solicitó el archivo de la causa porque no hubo un agravio” y con ello “pasó al archivo”, y remarcó que no hay “denuncia presentada por la Senabico u otras personas” ligadas al caso.
BCP pide reserva para evitar desliz
Representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) estuvieron ayer por casi una hora y media a puertas cerradas con miembros de la comisión “garrote”.
“Nosotros nos amparamos también en el secreto bancario, como usted dice (refiriéndose al senador Dionisio Amarilla), y si bien es cierto que tenemos bien ejercitado ese ejercicio con respecto a qué decir y no decir, por ahí podría haber algún desliz que no deberíamos decir en público y preferiría que no sea pública la sesión, dijo el superintendente de bancos, Holger Insfrán.
Peligroso vacío en importación de armas
En la primera etapa de la sesión de la comisión “garrote” se analizó el caso del tráfico de armas ilegales en nuestro país, donde tras confrontar a importadores legales, al sector bancario y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) fueron observados peligrosos vacíos y contradicciones que deben ser atendidos por el Estado.
Según los datos mencionados, desde el 2022 hasta la prohibición de la importación impuesta por el gobierno a finales del año pasado en cuanto a importación de armas de fuego, fueron movidos unos US$ 13 millones, y en municiones unos US$ 4 millones.
Un representante de la Asociación de Importadores de Armas de Fuego, Marcus Norbruch, mencionó que existen varios problemas graves, como ser la importación de armas en partes (o piezas) para evadir los controles (vía currier), la falta de mejores controles integrados y la impunidad.
Enfatizó que la restricción de importación incentiva la informalidad.
Citó el reciente caso encabezado por la Dirección de Material Bélico (Dimabel), del descubrimiento de que policías y militares eran parte de un presunto esquema de tráfico de armas al Brasil.
Norbruch destacó que como dueños de casas comerciales priorizaban la venta a uniformados pensando que era más seguro, pero resulta que estaban implicados.
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Un punto controversial sobre las operaciones es que según los importadores, ellos deben realizar los pagos en el exterior en efectivo (declarando los montos en Aduanas y Seprelad), debido a que los bancos locales temen operar con el ramo.
La representante de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, confirmó aquello, pero dijo que es porque la negativa se debe principalmente a las corresponsalías bancarias en el exterior.
Sin embargo, el representante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Juan Olmedo, negó que sea factible la importación legal en efectivo.
“En ningún caso ninguna operación aduanera se puede formalizar sin que esté vinculado a un giro bancario”, sostuvo Olmedo, remarcando que el sistema informático de DNIT no lo permite.