Este martes, la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales se reunió en modalidad mixta en la Cámara de Senadores. Se abordó el proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional”, como uno de los principales puntos.
Estuvieron presentes el presidente de esta comisión, el senador José “Pakova” Ledesma (PLRA), sus colegas Édgar López (ex PLRA, Pedro Díaz Verón (ANR), y la senadora Yolanda Paredes (PCN), según reporte del Senado.
Tras el encuentro, la Comisión dictaminó a favor y sus miembros expondrán en plenaria las modificaciones que se plantean al proyecto de ley, comentó Ledesma.
Lea más: Escribanos se movilizaron contra ley del RUN que impulsa el Gobierno
Hubo votos dispares y “se cumplen órdenes” del oficialismo, según Paredes
En contacto con ABC Color, la legisladora Paredes dijo que en realidad no habría modificaciones porque “ellos solo cumplen órdenes del oficialismo (ANR-HC)”, afirmó.
Explicó que hubo dos dictámenes y que en esta Comisión ella fue la única que votó por el rechazo y adelantó que en todas las comisiones votará en contra de esta propuesta de ley porque de la manera que está no puede sancionarse.
Objeciones que presenta Yolanda
Dijo que el problema principal es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pasa a ser juez y parte en los asuntos de registros de tierras y modificaciones. Recomienda que estos temas sean netamente administrativos y que la Corte solo participe cuando hay conflictos.
Cree que el RUN es un negociado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque la CSJ no querría perder el ingreso de dinero en concepto de tasas. “En el capítulo de recursos, dicen que en todos esos casos reglamentará la Corte”, cuestionó.
También que podría ingresar “la mafia judicial-política” sobre la convalidación de títulos. “Nunca se hizo un catastro urbano y no se sabe la cantidad de títulos mal concedidos e inmuebles que no tienen origen”, manifestó.
Criticó que el proyecto no menciona nada sobre tierras de pueblos originarios que debería tener un tratamiento especial, según la Constitución. “Se hacen de los tontos porque hay muchos negocios detrás de eso entre brasiguayos y el Estado. Dicen, si entramos en eso, no se podrá hacer modificaciones”, concluyó.