Según adelantó el diputado miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Héctor “Bocha” Figueredo, el cartismo no apoyaría la eliminación de la conocida como “Comisión Garrote”. Indicó que siempre van a tener presiones porque “se están tocando intereses muy grandes”.
Cuestionó que desde su creación se encuentra “satanizada” la comisión y dijo que solo se le buscan defectos “de fondo y forma”. No obstante, aseguró que ellos van a cumplir con lo establecido por la Constitución Nacional y van a “llegar a una conclusión”.
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Según la resolución mediante la cual fue creada, su objetivo es “la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos”. Consultado sobre los primeros avances en torno a las primeras conclusiones, no supo hablar de ningún posible indicio de lavado de activos, contrabando y otros delitos similares.
“En primer punto, sobre las ONG, aparecieron manejos de recursos, impresionantes, hay números que hasta asustan”, señaló y luego indicó que no quiere dar mayores detalles. Es decir, según sus declaraciones, la CBI solo está investigando a las organizaciones sin fines de lucro
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Diputado negó persecuciones
En otro momento, sobre las críticas, dijo que solo son todas especulaciones. “Entradas de pánico de sectores que presionan, buscan desprestigiar y descartar cualquier informe o trabajo que venga de esta comisión. Al tocar las ONG, todo el mundo empezó a satanizar, a buscarle la vuelta, pero nosotros continuaremos; es una tarea que ambas Cámaras nos encomendaron constitucionalmente y debemos continuar”, declaró en ABC Cardinal esta mañana.
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En otro momento, negó que estén realizando una persecución a “tal medio de prensa o tal institución”. “Yo puedo garantizar, de mi parte, que no es así; estamos cumpliendo una tarea, no existe caza de brujas, solamente queremos cumplir nuestro rol”, argumentó Figueredo.
No obstante, los mismos parlamentarios anunciaron que iban a ir en contra del grupo empresarial de ABC Color. Además, los pedidos de informes hasta la fecha se han limitado a ir en contra de las organizaciones sin fines de lucro e incluso desde la prensa oficialista se han filtrado datos privados de trabajadores que prestan servicios a las ONG.
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