El 28 de julio de 2023, una auditoría realizada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) encontró que las plantas alcoholeras de Neufeld Alcoholes SA (Neualco), cuyo principal accionista y representante es Carlos Morínigo Gamell, operaba sin habilitación de esa cartera de Estado. El hallazgo determinó que entre 2016 y junio de 2023, la empresa del secretario de la ONG Cenáculo del Paraguay -cuya presidenta es Paola Serrati de Leite, esposa del senador cartista Gustavo Leite- incumplía el artículo N° 4 del Decreto 10.703/2013 “Que reglamenta la ley 2.748/05 De fomento de los biocombustibles”.
Dicho articulado dice que las personas fisicas o jurídicas interesadas en producir biocombustibles deberán presentar una solicitud al Ministerio de Industria y Comercio, acompañada de un “Proyecto de Inversión” que demuestre la viabilidad técnica, económica y financiera, para su estudio y justificación. Es decir, para comenzar a operar se deben cumplir con estos requisitos para así obtener la habilitación del MIC.
Lo grave y que se detalla en la documentación de 18 páginas es que las dos fábricas de Morínigo Gamell, ubicadas en los departamentos de Caaguazú y Guairá, no cumplieron - desde enero de 2016 hasta julio del año pasado- con ese trámite. Y pese a que el MIC sabía a través de informes mensuales de ingenios azucareros sobre la operatividad de esas industrias no alertaba del incumplimiento como tampoco solicitaba a la compañía que cumpla con los recaudos legales para formalizar su habilitación.
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En ese sentido, la auditoría hace énfasis en el periodo comprendido entre enero de 2016 y setiembre de 2018 cuando aún existía intervención de funcionarios del MIC, con el registro de observaciones al momento de recibir los informes y la posterior aprobación. “A partir del mes de octubre de 2018, el informe es presentado y finiquitado por la misma empresa, lo que supone un finiquito automático”, dice la verificación.
Coincidentemente, en el lapso de intervención directa del MIC, el titular de esa institución era el ahora legislador colorado y miembro de la comisión bicameral que investiga eventuales casos de lavado de dinero.
Además, es el principal propulsor de una ley “anti-ONG”, esto, pese a que se autocalificó como un “oenegero” al ser descubierto que fue tesorero de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay.
Leite estuvo como ministro de Industria y Comercio entre 2013 y 2018, durante el gobierno de Horacio Cartes, actual titular del Partido Colorado.
Leite, siempre a favor de alcoholera
No es la primera evidencia que salta de una aparente protección de Leite en favor de su colega “oenegero”. Pocos meses antes de dejar el cargo de ministro de Industria, específicamente en abril de 2018, había resuelto aumentar el porcentaje de alcohol para los combustibles.
En ese entonces, Morínigo Gamell comenzaba a incursionar con más fuerza en el negocio alcoholero. Así lo evidencia la nota que presentó el 13 de agosto de 2018, dos días antes de la salida de Leite del MIC e informaba sobre la adquisición de una planta en Iturbe.
La nota del secretario de la ONG estaba dirigida a Gustavo Collar, de la Dirección de Combustibles Alternativos y Renovables.
Leyes que benefician el negocio
El 6 de junio de 2024, escasos días después de que Carlos Morínigo Gamell hiciera pública la compra de los bienes e inmuebles de la desaparecida Azucarera Iturbe, el senador cartista Gustavo Leite aparece otra vez con indisimuladas intenciones de beneficiarlo. Esta vez al firmar dos proyectos de modificación de leyes sobre producción y uso de alcohol para combustibles.
Una de las iniciativas era la modificación de los artículos 7 y 11 de la Ley 5444/2015 “De fomento de alcohol absoluto y alcohol carburante”. Esta propuesta se “liquidó” en 10 días en el Senado y pasó a la Cámara Baja, que hizo algunas modificaciones.
Sin embargo, los cambios seguirían beneficiando al empresario alcoholero y “oenegero”. El Senado acompañó las modificaciones el 2 de octubre último y ahora está en manos de Santiago Peña, quien deberá vetar o promulgar.
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El otro proyecto es la modificación del artículo 15º de la Ley 2748/2005 “De fomento de los biocombustibles”, por la cual se pide exonerar a los productores de biodiésel del pago de impuestos. Esta iniciativa se rechazó en Diputados, pero en el Senado aún no la trataron en pleno.
Sobre esta ley, existen altas sospechas que la aplanadora cartista podría mantenerse en su plan inicial y la decisión final quedaría nuevamente en manos de Peña.
ABC quiso obtener la versión de Morínigo Gamell, pero no atendió nuestras llamadas.