Por amplia mayoría de senadores colorados del cartismo, se sancionó la conocida como Ley “garrote” que busca perseguir a las organizaciones sin fines de lucro, según diversos sectores sociales y políticos. Esta situación pone en alerta a varios grupos de ONG que analizan las consecuencias y las acciones a emprender, pues varias partes de la ley son inconstitucionales

Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación, dijo en ABC TV que desconocen cuáles fueron, exactamente, los cambios que pidió el Ejecutivo, al que el senador cartista Gustavo Leite tildó de “boludeces de Santi”.

“Tuvimos un análisis general de los cambios y entendemos que hubo ajustes sobre las sanciones, pero se mantiene el mismo espíritu del proyecto inicial. Permanecen inconstitucionalidades que la sociedad civil puede recurrir con alguna acción de inconstitucionalidad”, afirmó.

Citó, por ejemplo, que se verán afectados los artículos 33 y 36 sobre confidencialidad que están en la Carta Magna de nuestro país.

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Califica a la ley de “tremendamente perjudicial” para varios aspectos de la educación

En otro momento, Charotti manifestó que en el contexto educativo ven que esta iniciativa legislativa es “tremendamente perjudicial” ante desafíos que tiene la educación en Paraguay.

Recomendó entender que la educación no se transforma de arriba para abajo. “Hay experiencias de iniciativas que funcionaron, pero no se consolidaron en materia política. A través de acciones de las comunidades se mejoraron las escuelas, se llegó a pagar a docentes y a limpiadores. También arreglaron aulas y baños”, enfatizó.

Por último, resaltó que Juntos por la Educación no recibe dinero estatal y que los que donan del exterior no imponen sus recomendaciones. “Estamos de acuerdo con la transparencia y consideramos que los legisladores quieren estigmatizar la participación”, remarcó.