A través de un comunicado dirigido al presidente Santiago Peña, el Grupo Impulsor de OSC en defensa de la democracia se pronunció inmediatamente contra el proyecto de ley ”que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), sancionado este mediodía por el Congreso.
El grupo solicita a Peña que vete la denominada normativa anti-ONG porque “consideramos que es una ley que pretende anular el carácter participativo y pluralista de nuestro sistema democrático y pone en riesgo el valorado grado de inversión”.
El pasado 2 de febrero, después de 10 años de mantenerse estable, Paraguay elevó su calificación crediticia a “BB+”, es decir subió su grado de inversión a nivel internacional. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habían destacado que permitiría más oportunidades de crecimiento y acceso a mejores condiciones financieras.
Ley anti-ONG se “trancará” por inconstitucional
También se cuestionó en el comunicado que, haciendo alusión al audio filtrado del senador cartista Gustavo Leite, uno de los impulsores de la ley reconoció que al promulgarse “se va a trancar en inconstitucionalidad en algún momento”.
Además, critica negativamente que los datos que se pretenden publicitar mediante la normativa servirían para “matar política y socialmente en Paraguay” a los —considera— peyorativamente llamados “oenegeros”.
La normativa además derivará en el cierre de ONG, aseguró en otra parte la organización.
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“Una democracia con cierto grado de consolidación es capaz de reaccionar en forma institucional contra esos embates autoritarios y termina saliendo fortalecida de esa coyuntura crítica”, agregó.
ONG no se niegan a controles
El grupo resalta que nunca se negaron a controles ni transparencia de cuentas, incluyendo las exigencias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), “pero el proceso llevado en el Congreso nos demostró que el poder se ejerce arbitrariamente cuando están en juego intereses que socavan nuestra democracia y debilidad la institucionalidad del Estado”.
También se solicita, con premura, la convocatoria a una mesa de trabajo para elaborar un nuevo proyecto de ley que cree un registro único de ONG, que eleve a ley las obligaciones sobre lavado de dinero, que no evite financiamiento de actividades político-partidarias por Estados extranjeros y, principalmente, que se apegue a los altos estándares internacionales de transparencia.
“Somos una sociedad madura que merecemos la confianza del capital internacional y que estamos dispuestos a combatir entre todos a la corrupción porque, literalmente, nos jugamos el futuro. La democracia participativa es un factor central del desarrollo económico y del capital social. Y una sociedad fortalecida es indispensable para lograrlo”, finalizó el grupo en su pronunciamiento.
Grupo Impulsor de OSC en defensa de la democracia, a su vez, convoca a una conferencia de prensa para mañana, a las 08:00, en la sede de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) para un mensaje más ampliado sobre su pronunciamiento.
Sancionaron proyecto anti-ONG
El cartismo y sus aliados, finalmente, sancionaron este miércoles el proyecto de ley anti-ONG, pese a que tiene aspectos inconstitucionales, reconocidos incluso por el senador Leite, miembro de la comisión “garrote”.
El proyecto anti-ONG fue sancionado con la inclusión de las “boludeces” planteadas por el presidente Santiago Peña, según lo había calificado el propio Leite.
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Entre las sugerencias del Ejecutivo, se destaca la exclusión de las iglesias, clubes deportivos, partidos políticos y asociaciones tanto vecinales como campesinas del apartado de sujetos obligados de rendir cuentas al Estado en el marco de dicha normativa.