Si bien el propio presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), ya comunicó esta mañana el pedido recibido y su inmediato rechazo, ahora trascendió la nota remitida por la funcionaria Anadelia Acosta Armoa, donde para argumentar su solicitud, se presenta como una víctima de publicaciones que mancillan su buen nombre y honorabilidad, cuando en realidad, es parte de un proceso penal por parte de la Fiscalía.
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La mujer, que está investigada penalmente junto a otras personas por presuntamente ser parte de un esquema que intentó quedarse con gran parte de los G. 800 millones una indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dos familias humildes de Caaguazú que perdieron a sus familiares vida por la caída de un cable, intentó tener el permiso para seguir aferrada al cargo, en el cual cobra G. 5.500.000 al mes, ya que está intentando solucionar la situación solamente por haber devuelto parte del dinero.
“Como es de Público conocimiento en estos últimos días he sido objeto de múltiples publicaciones en las cuales, violando todo derecho de presunción de inocencia, se me vincula como autora o copartícipe de diversos hechos punibles de importante gravedad, publicaciones estas que mancillan mi buen nombre y mi honorabilidad, por lo que (solicito el permiso) a efectos de poder ejercer mi defensa de tales acusaciones ante los estamentos pertinentes”, reza la nota dirigida a Latorre.
Los hechos publicados en realidad son reflejo de la imputación realizada por la fiscala Norma Salinas, y en realidad, Acosta Armoa admitió tácitamente el hecho al devolver en una Escribanía gran parte del dinero del cual presuntamente se “apropió”, según el Ministerio Público.
En base a este pedido, Latorre inmediatamente emitió la resolución Nº 2180, en la cual rechaza el pedido. Esto obliga a la funcionaria a presentarse si o si mañana a la sede legislativa, de lo contrario, se considerará “abandono de trabajo” y justificativo para su despido, atendiendo a que está nombrada.