La funcionaria cartista Anadelia Acosta Armoa no se presentó este martes en la Cámara de Diputados, pese a que ayer el titular de la institución, Raúl Latorre (ANR-HC), ordenó el cese de su comisionamiento en la Municipalidad de R.I. 3 Corrales.
“Nosotros procedimos al cese del comisionamiento y a la puesta a disposición de Recursos Humanos. Hoy tenía que venir y hasta ahora, según tengo reportado, no vino”, declaró esta mañana Latorre.
El titular de la Cámara Baja cesó ayer el comisionamiento de la funcionaria cartista por ser investigada de un millonario despojo a familias humildes que debían recibir un resarcimiento total de G. 800 millones por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Por su parte, el director de Recursos Humanos de la Cámara Baja, Máximo Medina, informó que le otorgarán tres días, conforme al Código Laboral, para presentarse y agregó que, en caso de que no lo haga, considerarán abandonó del cargo.
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Investigación es prioridad de la Cámara Baja
Latorre afirmó también este martes que la investigación que ordenó en la Cámara de Diputados contra la funcionaria es una “prioridad” para su gestión, por lo que solicitó celeridad a la Dirección de Recursos Humanos.
“De concretarse que fue así, es un hecho demasiado grave, no solo por la magnitud de la estafa o el robo, sino porque se perpetra contra los más humildes, en su buena fe, confianza y dolor. A nosotros enterarnos nos produjo mucha indignación”, declaró.
Latorre, a su vez, pidió una “sanción ejemplar”, en caso de confirmarse las acusaciones en contra de los presuntos autores.
“Evidentemente, aquí tuvo que haber un esquema y otros actores implicados para que se produzcan estas condiciones, un desembolso de ese volumen, y esperamos que todos los responsables paguen las consecuencias y sufran el más severo castigo”, declaró.
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Las medidas adoptadas por la Cámara de Diputados
Con relación a las medidas adoptadas por la Cámara Baja, señaló que en primera instancia se ordenó el cese inmediato del comisionamiento para alejar a la funcionaria de las circunstancias del hecho. Además, se decidió, a pedido de Recursos Humanos, el inicio de una investigación preliminar en paralelo a la llevada adelante por la Fiscalía.
También comentó que se solicitará informe a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales sobre las funciones que cumplía en dicha institución.
“Nosotros vamos a seguir los procesos. Naturalmente, si se dan los presupuestos que condicen con que haya cometido los hechos, vamos a tomar las sanciones correspondientes”, adelantó.
Quién nombró a la funcionaria cartista
Con relación a las funciones de la cartista en la Cámara Baja, señaló que “fue vinculada a la institución en el período anterior”.
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También refirió que el nombramiento de Acosta Armoa se dio antes de que él asuma como titular de la institución y precisó que el comisionamiento fue a pedido de la Intendencia de R.I. 3 Corrales.
No quiso confirmar si el vicepresidente Pedro Alliana —entonces presidente de la Cámara de Diputados— fue quien ordenó el nombramiento de la funcionaria.
Millonario despojo a dos familias
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desembolsó cheques por un total G. 800 millones a favor de las dos familias víctimas por las muertes de dos de sus integrantes por electrocución accidental. Estas debían recibir G. 400 millones para cada una, pero solo recibieron G. 45 y 30 millones, respectivamente.
La Fiscalía presume que los gestores ante la ANDE del pago del resarcimiento —entre ellos Anadelia Acosta Armoa— se apropiaron de los G. 725 millones restantes.
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Los dos cheques intransferibles por G. 400 millones fueron emitidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF) y efectivizados en una sucursal de la entidad en Repatriación, departamento de Caaguazú, según informó la fiscala interviniente, Norma Salinas.