La Cámara Baja recibió este lunes el visto bueno del Poder Ejecutivo para que prosiga el proceso constitucional al pedido de intervención a la gestión del intendente colorado cartista Tomás Olmedo. El jefe comunal fue denunciado por presunta corrupción. Además, fue imputado por presunta lesión de confianza, estafa y otros delitos.
De acuerdo al documento firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro del Interior, Enrique Riera, la solicitud de los concejales corrió traslado y ahora está en Diputados.
Según el artículo 165 de la Carta Magna que reglamenta los pasos a darse cuando existe un pedido de intervención, el Ejecutivo analiza los antecedentes del caso.
A partir de ahora, el presidente de esta Cámara, Raúl Latorre (ANR-HC) debe definir con el pleno una Comisión que convoque al intendente y a miembros de la Junta de Ñemby para después emitir un dictamen a favor o en contra de la intervención.
Hubo anteriormente un pedido de intervención, pero Olmedo fue salvado por Diputados.
Lo que dice la Ley Nº 317
Artículo 3º De la Solicitud de intervención y del trámite de la denuncia
La solicitud de intervención será presentada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Los antecedentes deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados dentro del plazo de 6 (seis) días hábiles, la que constituirá una Comisión especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expedirse dentro del plazo de quince días hábiles.
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Las denuncias contra Olmedo
La investigación contra el intendente colorado tiene su origen en la denuncia de los vecinos ante sospechas de transferencias irregulares a comisiones vecinales por más de G. 4.000 millones.
Otras irregularidades apuntan a un atraso en el pago de la remuneración de los funcionarios municipales, además de un llamado vía excepción por G. 1.300 millones para la iluminación del cerro Ñemby.
Sobre el intendente Olmedo también pesan denuncias por hechos de abuso sexual en niños, según señaló el edil Velázquez; pero en esa causa aún no hay una imputación fiscal.