“Hay una intención clara del cartismo de aniquilar a la sociedad civil, una intención clara de la reducción del espacio cívico. Hay una estructura bien organizada desde el cartismo con sus medios que impulsan una campaña de desinformación. Utiliza información privada para desprestigiar a una ciudadanía que hace mucho viene trabajando por la democracia en el país” dijo María Victoria Rivas, directora de Centro de Estudio Judiciales.
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En tanto, la abogada especialista en Derechos Humanos Alejandra Peralta Merlo dijo que la ley es inconstitucional porque viola la libertad de expresión y la libertad de organización.
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“Es una estrategia para acallar las voces disidentes. Molesta que existan voces que denuncien los hechos de corrupción, pero como no se puede agarrar y meterle a todos presos, entonces creamos leyes”, dijo Peralta.