La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como “comisión garrote”, divulgó en su portal unas planillas de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Esta divulgación de datos privados que en un principio se trató de instalar como que fueron “filtraciones” hacia operadores políticos alineados al cartismo, ahora se hace de manera formal en el portal de la comisión garrote, lo cual sería anticonstitucional, de acuerdo con lo que sostienen especialistas y constitucionalistas, teniendo como referencia el artículo 36 de la Constitución Nacional “del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada”.
“Solamente por orden de un juez ellos pueden tener acceso a estos documentos y está prohibida su divulgación. Una comisión del Congreso no puede violar la Constitución Nacional porque juraron cumplir la Constitución y las leyes”, manifestó el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia.
Agregó que la CBI debe ceñirse “a las razones por las cuales se creó y eso no se está cumpliendo”.
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En lo que tiene que ver con los nombres que ya se divulgaron, explicó que el daño ya está hecho. Sin embargo, hay organizaciones que no dieron sus datos privados.
También explicó que las organizaciones que enviaron los datos privados de los profesionales afectados, podrían ser demandadas, “porque ellos tendrían que observar el procedimiento establecido en la Constitución que haya una orden judicial de por medio”.
Recordó que existen contratos de confidencialidad entre las instituciones internacionales “con el Estado paraguayo homologados por ley”.
Subrayó que las declaraciones de uno de sus integrantes, como es el caso de Gustavo Leite, muestran “que por lo menos la intención de esta persona es la de desprestigiar a un sector de la sociedad que es la sociedad civil”.
Añadió que el Senado tendría que analizar dejar sin efecto esta comisión “porque no actúa acorde a los objetivos que se trazó y al poco tiempo de funcionamiento genera y suma perjuicio al Congreso”.
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“Las boludeces que pidió Santi”
En el audio que se filtró de uno de los integrantes de la comisión garrote, el senador Leite, donde menciona sobre “las boludeces que pidió Santi”, al referirse al presidente de la República, Santiago Peña, también se hace mención a cuestiones “innegociables” como a los artículos 6 y 7 de la Ley Anti-ONG.
“Con el audio filtrado Leite dijo que lo importante era que no se modifiquen los artículos 6 y 7. El 6 tiene el título de transparencia y habla acerca de la posibilidad de publicar estas planillas. El propósito de este proyecto era publicar, es decir, hacer lo que están haciendo ahora. La diferencia es que ahora lo hace sin ley o marco regulatorio que les permita hacer esto y lo está haciendo a través de la página de la Comisión de Investigación”, refirió la abogada especialista en Derechos Humanos, Alejandra Peralta.
Resaltó además que la Comisión de Investigación se constituye como una Comisión contra el Lavado de Dinero, es decir, que “se presume (que) estas planillas o estos cobros de honorarios son de fondos provenientes del lavado de dinero, es decir, fondos ilícitos”, aseveró.
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Los integrantes
La “comisión garrote” la integran el liberal expulsado Dionisio Amarilla, quien es el presidente; los cartistas Gustavo Leite, Rodrigo Gamarra, Héctor “Bocha” Figueredo, el independiente Colym Soroka y el ex Cruzada Nacional, alineado al cartismo y denunciado por invasiones Jatar Fernández.