“Este gobierno es abusivo desde que pisó el Palacio de Gobierno y desde que senadores y diputados pisaron el Congreso, y continúan en esto. Pero, lo que nosotros no vamos a ser es ni ser cómplices, ni vamos a permitir que continúen en esta actitud”, dijo la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), una de las que ayer acompañó el pedido de derogación de la comisión “garrote”, que al igual que el gobierno, opera de manera ilegal, según dijo.
La legisladora enfatizó la “irónica” realidad de que la comisión “garrote” persigue rabiosamente a ciudadanos que no cometieron ningún delito más que el de trabajar para una organización no gubernamental (ONG), mientras hace la vista gorda a que unos de sus miembros, el senador cartista Gustavo Leite, admitió estar ligado a una ONG que recibió plata de la Binacional Itaipú y de la empresa sancionada por el Gobierno de EE.UU. por presuntos vínculos con el lavado de dinero: Tabacalera del Este S.A.
“Resulta que ellos tienen que hacer un estudio de lavado, pero lo que hacen es mirar la factura de Alcibiades González Delvalle por G. 600.000 y no miran la factura de Leite que recibe de Tabesa y de Itaipú, y ese abuso tiene que acabar”, remarcó.
También enfatizó que el problema no se circunscribe solo a Leite, sino que desde su raíz la Comisión “Garrote” está podrida y es reflejo de una actitud autoritaria que va creciendo por parte del Gobierno y pone en riesgo la democracia.
“La Comisión ha iniciado su actividad con un objetivo espurio, ilegítimo, de campaña de odio y amedrentamiento, y eso no se puede permitir en la democracia”, sostuvo, remarcando que “el proceso de avance autoritario es creciente, continuo y desde el inicio de esta gestión”.
Agregó otras contradicciones de este gobierno, que usa solo como discurso la “transparencia”, y que siempre se oponen cuando se plantea clarificar el uso de los fondos sociales de la binacionales.
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“¿Por qué no quieren transparentar (el manejo de fondos de Itaipú)? Porque van a aparecer otros de sus colaboradores directos percibiendo esa plata para una ONG, con otra empresa como Tabesa, parte del sistema de lavado denunciado internacionalmente”, dijo.
Oficialmente, piden cese de Comisión “Garrote”
Ayer, con la firma de la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) y el diputado Raúl Benítez (ExPEN- Independiente) además del respaldo de los senadores Esperanza Martínez (Frente Guasu), Rafael Filizzola (Partido País Solidario) e Ignacio Iramain (Partido Encuentro Nacional) se dio entrada oficial al proyecto de resolución para eliminar la Comisión “Garrote” y dejar sin efecto sus actuaciones.
“Al no tener un marco normativo claro, ellos (cartistas y satélites) aprovecharon eso para cometer un abuso de poder, para extralimitarse en el mandato que le han otorgado ambas cámaras y también para tener un cheque en blanco para perseguir y amedrentar”, dijo Benítez sobre los motivos del pedido.
El proyecto “que deroga la resolución Nº 1336, de fecha 12 de junio de 2024, ‘que crea una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y delitos conexos’ y anula las diligencias realizadas por la misma” ingresó en Diputados, y difícilmente tenga votos ante la aplastante mayoría cartista que impera en la Cámara Baja.
No obstante, ante los atropellos cometidos por la comisión, Benítez pidió a sus colegas acompañar el pedido, si no, “se van a convertir en cómplices de una comisión autoritaria y que persigue a trabajadores”.
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Enfatizó que, pese a los escandalosos hechos relacionados al senador cartista Gustavo Leite, no basta solo con sacarlo a él, sino que toda la comisión está podrida.
“La renuncia de Gustavo Leite a la Comisión no es suficiente, él no actuó y no está actuando solo, está actuando en conjunto con un equipo de abusivos, de diputados y senadores, entonces está comisión tiene que terminarse y desaparecer”, dijo.
Por su parte, el senador Filizzola remarcó que la Comisión ha actuado de manera ilegal, violando incluso principios fundamentales consagrados en la Constitución, y, por ende, es imperativo su eliminación.
Fue vergonzoso como presionaban a la Fiscalía General del Estado con relación a las investigaciones a un grupo empresarial que además es propietario de un medio de prensa, es sumamente grave lo que está haciendo esta comisión y con la ley (contra ONGs) que pretenden poner en vigencia”, dijo. Pidió al presidente Santiago Peña vetarla cuando llegue a sus manos.