Un tribunal ratifica que intendente cartista no debe ingresar a su oficina

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos ratificó la prohibición que pesa sobre el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), quien no puede acercarse a la sede de la municipalidad en un radio de 500 metros debido a un proceso judicial que soporta por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Tribunal confirma que Hilario Adorno seguirá lejos de la Municipalidad de Puerto Casado.ABC Color
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La defensa legal del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), conformado por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, los mismos defensores que los senadores cartistas Erico Galeano y Hernán David Rivas Román, argumentaron que el intendente necesitaba ingresar al edificio de la Municipalidad para cumplir con sus obligaciones administrativas. Pidieron modificar la prohibición de acercarse a la sede administrativa por la prohibición de comunicarse con los concejales denunciantes y testigos del Ministerio Público.

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Sin embargo, el fiscal Luis Coronel pidió rechazar lo planteado por la defensa y que se ratifique la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Puerto Casado, en atención que están a puertas del juicio oral, que está fijado para el próximo jueves 10 de octubre.

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Los jueces Matías Garcete (presidente), Elsa García y Ana Rodríguez Brozon, quienes integran el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, tras escuchar lo planteado, decidieron ratificar la prohibición contra el cartista Hilario Adorno.

Acusación por comprar camioneta

El intendente casadeño está acusado por el Ministerio Público, porque supuestamente pagó la primera cuota de una camioneta 0km. con un cheque municipal, pero los documentos del rodado salieron a nombre de Hilario Adorno. Los ediles presentaron la denuncia y cuando se confirmó el hecho, Adorno firmó una resolución indicando que el dinero era un “adelanto de tres meses de salario”.

En mayo pasado, el juez Rodrigo Estigarribia elevó la causa a juicio oral y le impuso varias medidas restrictivas entre ellas la prohibición de acercarse a la sede municipal, cuya revisión se hizo hoy y quedó firme.

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