El proyecto de Ley “Que busca establecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro” contaría con “problemas de inconstitucionalidad, ambigüedad e inaplicabilidad” e incluso podría abrir la puerta a “prácticas antidemocráticas”, según el análisis del abogado Manuel Riera y el politólogo José Tomás Sánchez.
Ambos profesionales analizaron el impacto del proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, así como el rol de la Comisión Bicameral encargada de investigar presuntos casos de lavado de activos relacionados con el origen del financiamiento de ONG, esto durante el programa Plaza Pública Dende, moderado por Yan Speranza.
A criterio de Riera, el proyecto presenta inconvenientes de índole burocrática y de ambigüedad. “El aumento de requisitos administrativos podría desincentivar la participación de ciudadanos en actividades de la sociedad civil”, advirtió, como también alertó que se podrían imponer sanciones desproporcionadas, con multas de hasta 1.000 salarios mínimos, algo que podría llevar a muchas organizaciones a la quiebra.
Ambos coincidieron en que el proyecto podría dar lugar a “interpretaciones erróneas” y a una regulación excesiva que no solo afectaría a las organizaciones, sino que también pone en riesgo la participación ciudadana en asuntos públicos. Además, señalaron que ya existen mecanismos de control sobre estas organizaciones que podrían ser más eficaces si se gestionaran adecuadamente. La preocupación por la transparencia, si bien es válida, fue considerada por Riera como un “eufemismo” que podría afectar la privacidad y el funcionamiento interno de las entidades.
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Ley de control a ONG podría motivar “acoso”
Riera también enfatizó que la ley, tal como está redactada, no solo es “ineficaz”, sino que podría colapsar el sistema burocrático del país. “Si se exige a las ONG que modifiquen sus estatutos en un plazo de 30 días y luego presenten toda la documentación requerida, simplemente no van a poder cumplir”, afirmó.
Los panelistas también concordaron en que la propuesta legal podría ser utilizada como una herramienta para “acoso” y control de las ONG que critican al gobierno. “Las sanciones pueden dejar a muchos sin la posibilidad de ejercer cargos públicos, lo que crea un ambiente de miedo y autocensura”, concluyó Riera.
Por su parte, Sánchez hizo hincapié en que la medida podría tener repercusiones a largo plazo en la democracia paraguaya. “Cuando un poder se siente amenazado, tiende a perseguir lo que no puede controlar. La sociedad civil se convierte en un blanco fácil”, indicó.
Incluso sostuvo que esta dinámica podría abrir la puerta a un debilitamiento de las libertades civiles y a un incremento de la represión contra la crítica política.
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Control a ONG y sus “vicios de inconstitucionalidad”
Sobre la Comisión Bicameral “antilavado”, el abogado señaló que la falta de claridad sobre sus objetivos es un elemento que alarma. “No se explica qué se busca investigar; es una carta blanca para actuar de manera arbitraria”, advirtió.
Finalmente, Speranza reflexionó sobre importancia de las organizaciones de la sociedad civil como pilares de la democracia, generando capital social y promoviendo la libertad individual frente al abuso estatal.
También cuestionó la propuesta por “sus vicios de inconstitucionalidad y su ambigüedad”, que podrían afectar a diversas organizaciones, desde comisiones vecinales hasta grandes ONG. Precisó sobre el riesgo de que esta legislación se convierta en un instrumento de control político.
Previamente, el presidente de Desarrollo en Democracia (Dende), Alberto Acosta Garbarino, trajo a colación que la Constitución paraguaya garantiza la democracia representativa y participativa. “Para poder participar en una sociedad democrática, la base es organizarse. La única manera que un individuo puede participar es a través de una asociación”, apuntó
En el mismo sentido, refirió que el proyecto de ley sobre el control de ONG pone una serie de trabas y de condiciones que dificultarían la capacidad de asociación del ciudadano, además de una batería de multas y sanciones que “atemorizan y amedrentan a que el ciudadano quiera participar en los temas de interés público”.
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