En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Yan Esperanza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni –una organización de la sociedad civil ambientalista enfocada en la protección de reservas naturales en Paraguay– expresó su apoyo a un comunicado emitido ayer por otras entidades civiles que acusaron a la comisión bicameral “antilavado de dinero” de buscar instalar una falsa narrativa para desprestigiar a las organizaciones no gubernamentales.
La comisión bicameral formada por representantes del oficialismo cartista en ambas cámaras del Congreso –que ha sido cuestionada por opositores como un posible “garrote” político contra adversarios a los intereses del cartismo– ha centrado sus primeras sesiones en las organizaciones no gubernamentales, alegando que lo que está investigando es posible financiamiento político irregular a través de esas entidades.
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La agrupación de ONG Organizaciones de la Sociedad Civil emitió el martes un comunicado denunciando los intentos de la comisión bicameral de “instalar una narrativa que busca deslegitimar nuestro trabajo y presentarnos como una amenaza para la democracia”.
Esperanza enfatizó que su fundación no forma parte de Organizaciones de la Sociedad Civil y, por lo tanto, no suscribió el comunicado. Sin embargo, dijo estar totalmente de acuerdo con lo expresado en ese escrito.
El derecho de “incidir”
“La lógica de la sociedad civil organizada es juntarse, desarrollar esquemas, incidir sobre el Estado”, dijo, y enfatizó que esa incidencia no desconoce que el Estado tiene mecanismos establecidos por los que elige a sus representantes, quienes son los que finalmente toman las decisiones de gobierno.
“Eso no significa entrar en la gobernanza y tomar decisiones, esas decisiones siempre quedan en manos del Estado”, subrayó. “Yo puedo tratar de incidir en un congresista, presentarle un estudio, mis argumentos; pero ellos podrán decir sí o no, ellos toman las decisiones”.
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Añadió que esas decisiones deben ser tomadas por los gobernantes de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y que si se dejan influir por organizaciones de la sociedad civil para tomar decisiones contrarias a las leyes se exponen a juicios políticos.
“Yo no considero que las ONG tomen decisiones de la gobernanza, sí que quieren incidir y reivindico el querer incidir”, insistió.
“Abuso” de la comisión bicameral
Esperanza hizo eco a afirmaciones de otros representantes de organizaciones de la sociedad civil y políticos opositores afirmando que la comisión bicameral “antilavado” se extralimita en sus supuestas funciones y abusa de su poder al exigir datos como los salarios de los colaboradores de las ONG.
Señaló que él forma parte del directorio de Juntos por la Educación Paraguay, una de las ONG en la mira de la comisión, y explicó que existe una cláusula de confidencialidad sobre cuánto se paga a sus colaboradores, por lo que no presentaron a la comisión el detalle de los salarios de cada uno.
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Sin embargo, señaló que sí se remitió a los congresistas los nombres de cada uno de esos colaboradores, además de todos los datos – incluidos los montos pagados - de contratación a empresas para distintos servicios.
Indicó también que el Estado ya cuenta con la información de los salarios de los colaboradores de Juntos por la Educación debido a que esos datos se entregan al Instituto de Previsión Social al pagar el aporte obrero patronal y al Ministerio de Economía al realizar los trámites de tributación.
Señaló que esos datos que ya tienen la comisión y el Estado son suficientes para que se investigue si hay financiamiento político o lavado de dinero.
“La privacidad también es constitucional”, dijo. “Lo que la comisión quiere es que yo haga público el salario de mi gerente de comunicaciones, eso es un abuso. Y se agarran por la cláusula de confidencialidad. Claro que tenemos cláusula de protección de datos personales”, añadió.