Sin rastros de alguna convocatoria en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), bajo la presidencia de Julio Vera Cáceres (ANR), entregó en usufructo oneroso una parte de las instalaciones de la terminal portuaria estatal de Pilar (Dpto. de Ñeembucú) al Consorcio Logístico del Sur, integrado por las compañías Porvenir del Sur SA y Berlux SA (Atlansur del Uruguay). El grupo empresarial está representado por Juan Ignacio Moro y Julio Trovato Villalba, hermano del expresidente del Club Olimpia Marcos Trovato.
Documentos a los que accedió ABC revelan que la ANNP entregó la estación portuaria tras la firma a finales de mayo pasado de una alianza operacional con una vigencia de 20 años. La concesión fue hecha en forma imperceptible luego de la presentación, el 22 de febrero de 2024, por parte del mencionado consorcio, de una propuesta final en la cual adjuntó un borrador de contrato con 27 cláusulas. Entre los puntos más importantes de la oferta están el alcance, canon y supuestas inversiones a ser efectuadas en el sitio por el grupo privado.
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Puerto Pilar: prestación de servicios será en exclusividad
Los antecedentes del contrato señalan que la alianza operacional tiene como objeto regular el acuerdo para la inversión, explotación, administración operativa y comercial, operación y prestación de servicios EN EXCLUSIVIDAD por parte del citado consorcio dentro del puerto de Pilar en el área de usufructo.
En ese sentido, el grupo empresarial podrá llevar a cabo toda clase de operaciones portuarias y logísticas para diversidad de cargas, tales como graneleros sólidos (fertilizantes, minerales, etc.), cereales, oleaginosas, cargas generales, más otros productos y servicios sin limitación.
El acuerdo igualmente establece que en caso de existir necesidad por parte del consorcio de usufructuar más áreas de la terminal portuaria, se podrá ampliar el trato mediante una adenda, previo mutuo acuerdo.
En cuanto a las inversiones se menciona que el consorcio podrá realizar inversiones que considere oportunas en infraestructura portuaria, equipamientos, maquinarias e infraestructura de almacenaje.
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Con respecto al canon, la propuesta mencionaba el pago fijo de US$ 6.000 en forma mensual a partir del segundo año. En el primer año SOLO se cita un pago global de no menos de US$ 20.000 correspondiente al canon variable, que surgirá de la diferencia entre la suma anual del canon variable y el monto de pago mínimo (take or pay).
A partir del segundo año ese monto se establece en un mínimo de US$ 40.000, mientras que en el cuarto y quinto año, US$ 60.000.
Desde el sexto año y hasta la finalización del contrato se estableció el monto mínimo de canon variable de US$ 80.000.
Cesión y subcontratación
El contrato, por otro lado, también permite al consorcio beneficiado arrendar y/o subarrendar, total o parcialmente, los bienes pertenecientes a la ANNP, que se encuentran bajo su administración y/u operación mediante autorización del directorio de la ANNP.
Nuestro diario buscó obtener la versión del presidente de la empresa pública, Julio Vera, pero no respondió los insistentes llamados a su número de celular con terminación 219.
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Sin objeción jurídica de PGR
Otros documentos a los que accedió ABC muestran que inicialmente la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una serie de cuestionamientos a la propuesta de la alianza operacional. Así consta en el dictamen N° 99/2024.
Sin embargo, la PGR, mediante la nota N° 515/2024 del 6 de mayo de 2024, manifestó que no encontró objeción jurídica. Esto luego de las aclaraciones y comentarios enviados por la ANNP.
La ANNP, como primera aclaración y en defensa del plan, señala que el usufructo no significa un “puerto privado”, porque –según argumenta– la autoridad portuaria mantiene la titularidad y dominio del espacio portuario.
Por otro lado, la defensa para la firma del convenio hacía referencia al decrecimiento paulatino en los últimos años de los ingresos en la terminal portuaria de Pilar.
Explotación de galpones
La ANNP recientemente también concedió la explotación de los viejos galpones ubicados en Asunción a la empresa Nuevo Mundo Entertainment SA, representada por Rodrigo Luis “Coto” Nogués Bazán.
Esta compañía resultó adjudicada pese a que fue la única oferente del concurso publicado en el portal de la DNCP. El periodo de vigencia es igualmente de 20 años por los depósitos A, B, C y G, además de los más de 1.900 estacionamientos de las oficinas de Gobierno asentadas a un costado, por las que el Estado invirtió G. 574.579 millones.
El documento remitido por la ANNP al Senado dice que la base de la oferta económica (canon fijo) quedó en US$ 120.000 anuales por el alquiler de los galpones, más la oferta económica de un porcentaje no menor al 8% sobre la facturación total de la empresa adjudicada (canon variable).